sevilla. El número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, aseguró ayer que en la medida en que el caso de los ERE fraudulentos pudiera afectar a decisiones adoptadas por cargos políticos socialistas, su partido asumirá "proporcionalmente" las responsabilidades que correspondan en el ámbito político. "Cuando se produzca la resolución judicial y se establezcan claramente las responsabilidades judiciales, evidentemente eso tendrá un reflejo en términos de responsabilidades políticas", señaló el vicesecretario del PSOE-A en una entrevista concedida a EFE.

Sin embargo, a día de hoy, según Jiménez, y con los datos conocidos hasta el momento, no se puede "ir más allá" respecto a la asunción de responsabilidades políticas, pese a que "algunos quieran dar curso a un desahogo". "Lo que los ciudadanos quieren es que avance la instrucción, que se abra juicio, que empiecen a desfilar los que hayan cometido presuntamente ilegalidades y que respondan", manifestó.

Jiménez confirmó que su partido va a presentar una denuncia judicial para "reivindicar" el respeto al "honor y dignidad" del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. "Vamos a presentar una denuncia para reivindicar ante los tribunales el honor y la dignidad de una persona absolutamente honesta, que lleva treinta años como servidor público y que jamás se ha enriquecido en el ejercicio de su tarea", indicó el dirigente socialista, quien aseguró que no van a "consentir que personas que no pueden decir lo mismo se atrevan a calumniarlo".

Desde IU, socio del PSOE en la Junta, el vicesecretario general del Partido Comunista andaluz, Juan de Dios Villanueva, se mostró ayer contrario a que IU pueda romper el pacto de gobierno si la investigación sobre el caso de las irregularidades en los ERE implica a algún miembro actual del Gobierno andaluz o al propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Villanueva afirmó que el pacto de gobierno se firmó con el PSOE-A "y no con ninguna persona a título individual". En su opinión, correspondería al PSOE-A "proceder a las sustituciones pertinentes". "En IU no tenemos por qué pagar políticamente por unos hechos acaecidos en un periodo anterior en el que no teníamos absolutamente nada que ver con el Gobierno", señaló.

Fraude en Mercasevilla En este contexto, la juez Mercedes Alaya, que investiga el supuesto caso de corrupción de los ERE, sostiene en uno de sus últimos autos que el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, actualmente en prisión provisional a cuenta de su papel en los hechos, obtuvo un total de 492.665 euros a cuenta del rol jugado en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla con cargo a los fondos autonómicos.

El descubrimiento de una petición de comisiones ilegales a manos de dos exdirectivos de Mercasevilla marcó el comienzo de esta macroinvestigación.