gasteiz. "En Vitoria nadie se queda sin un plato de comida caliente. No es una frase hecha. La ciudad tiene recursos sociales a los que puede recurrir cualquiera que se vea en la calle y con hambre". La frase la pronunció la concejala de Política Social del Ayuntamiento vitoriano, Ainhoa Domaica, cuando el pasado mes de septiembre saltó la polémica porque el Consistorio sólo había gastado medio millón de los 1,4 millones de euros que tenía presupuestados para el comedor social de los Desamparados. La realidad, lejos de ser como apuntaba la edil, es dramática, y se ha agravado desde que el Departamento que dirige cursó una orden para dejar de derivar a las familias a los centros que distribuyen la comida del Banco de Alimentos de Álava, una gestión que al Consistorio no le cuesta un solo euro.

Hasta el año pasado, los trabajadores sociales del Ayuntamiento evaluaban a cada solicitante de ayuda y los enviaban a recoger su paquete de alimentos a algunas parroquias, a la asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana, a Berakah o a la Asociación Alavesa de Trabajo Social, AGLE. Según han denunciado a DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, justo antes de Navidad Domaica cursó orden a los trabajadores sociales para que se dejará de prestar este servicio, por lo que los colectivos que reparten los alimentos desconocen la situación concreta de necesidad en la que se encuentra cada familia, por cuánto tiempo les corresponde recibir la comida o si ya han obtenido recursos de otro sitio. Ante la gravedad de la situación, algunos trabajadores sociales del Consistorio han decidido seguir derivando a estas personas de forma extraoficial a los centros de distribución de comida, por su cuenta y riesgo, y sin llegar a cubrir todo el abanico de demandantes que antes atendían con luz y taquígrafos.

70 personas haciendo cola Mientras, decenas de familias sufren una situación de emergencia que muchos jamás habían vivido antes. Ayer AGLE, entidad financiada por La Caixa, abría sus puertas a más de 70 personas que no tienen qué comer. La cola abarcaba una veintena de metros de la calle Canciller Ayala, donde se encuentra la sede de esta asociación que recoge la comida del Banco de Alimentos y la distribuye entre las personas que les derivan Cruz Roja, Cáritas, los servicios sociales rurales de la Diputación y, hasta hace tres meses, el Consistorio de Vitoria-Gasteiz.

Los ánimos hierven. Este periódico fue testigo de las tensiones que se viven mientras se espera a recoger los alimentos en la larga fila de hombres y mujeres, en muchos casos acompañados por sus hijos e hijas, que con su carro de la compra esperan a ser atendidos. Ciudadanos del Estado que han caído en la pobreza, y que hace un lustro no podrían haber imaginado verse así, se enfrentan a usuarios de otros países que tratan de colarse porque afirman que tienen que ir a buscar a sus hijos al colegio. La indignación generalizada recae muchas veces sobre las desbordadas trabajadoras que reparten la comida, todos apelan a que tienen niños pequeños que alimentar.

a través de la cruz roja Ésa es la realidad de la Vitoria de 2013. Es la realidad de Mónica, que tiene dos hijos de ocho y nueve años. "Me dicen que no me corresponden vales ni ayudas ni nada. Me han dejado sin ayudas desde octubre porque dicen que no las renové, y lo hice en agosto. Ahora parece que me las volverán a dar, pero es que me las quitaron radicalmente y sin decir nada, estoy salvando el darles de comer a los niños a base de venir a la Cruz Roja y aquí", denuncia.

Mónica insiste indignada en que tenía su sello de Lanbide en el que demostraba que las había solicitado, "pero me dijeron que era mentira, que no había entregado la documentación". La joven acudió a AGLE por primera vez a través de la asistenta social, pero ahora ya no se le cursa ese trámite y ha conseguido regresar a través de la organización de la Cruz Roja.

Pilar tiene 66 años y una pensión de 630 euros, y ayer acudió por primera vez a AGLE en busca de alimentos. Paga 408 euros por el alquiler de un piso del Gobierno Vasco y vive con un hijo de 32 años que lleva cinco en el paro. "No me llega ni para pipas; la asistente social del Ayuntamiento me da 200 euros, pero para dos personas después de pagar 400 de piso y todos los gastos no llega", afirma. La mujer asegura que en su día le concedieron una ayuda social, pero poco después le comunicaron que le habían estado pagando de más y tuvo que devolver 600 euros. "Luego estuve un año sin cobrar nada y después me concedieron los 200 euros de ahora", señala.

A Pilar le recortan las ayudas sociales porque es heredera del piso de su madre, ahora alquilado para pagar la residencia en la que se encuentra. "Ella también tiene una pensión mínima, pero se agarran a eso", critica. Pilar llegó a presentarse un buen día en el despacho del alcalde, el popular Javier Maroto, para denunciar su situación. "Le expliqué todo, me dijo que se alegraba de que hubiera venido para saber cómo está el pueblo, pero al final no ha hecho nada", señala esta mujer de aspecto elegante. "Yo vivo en Zabalgana -concluye- y veo todos los días lo que hay".

Arturo tiene 31 años y, tras intentar sin éxito reunir a la gente suficiente como para hacer una protesta que se deje oír en el Ayuntamiento, está totalmente desanimado. "Estoy preguntando a mucha gente, pero a la hora de ir nadie quiere. Yo me puedo mover, pero no me voy a mojar solo, o vamos cien o ninguno", afirma.

Arturo es una de esas personas que jamás imaginó que su vida podría entrar en barrena, como la de tantas personas, de esa manera. "Estoy parado con un niño pequeño y necesito ayuda por todos los lados. Quiero trabajar. Se me acaba el desempleo y ahora estoy solicitando la RGI", explica.

Arturo estuvo seis meses trabajando, pero justo cuando nació su hijo le despidieron. "Las necesidades en la capital alavesa no están cubiertas, de no ser así no se vería esto, no es posible haber estado trabajando toda la vida y verse así, gente que tenía todo. Yo vivía bien, en una situación normal, pero desde que me echaron ha sido todo una caída", lamenta.

A su lado, Rubén, un joven de 26 años inquilino de Vitalquiler, también cree que la gente debería organizarse y hacerse oír, pero "nos van a pisar igualmente, podemos luchar por nuestros derechos, pero van a hacer lo que quieran". El joven insta a las instituciones a "dar ayudas a las empresas para que cojan a gente, pero lo que hacen es embolsárselo ellos y jodernos a la ciudadanía".

ayuda suspendida Rubén y Arturo piden que los medios se hagan eco de casos como el de Nuria, una chica de 26 años que está en el paro, al igual que su marido, y que tiene que dar de comer a una niña pequeña. "Es una vergüenza todo lo que están haciendo en Vitoria, a mí me han quitado la ayuda de las asistentas y hoy es el último día que puedo venir aquí, no me van a dar más comida y tengo una hija de cuatro años que alimentar", alerta la joven, justo antes de entrar a por su lote de productos básicos. "Me han mandado una carta en la que no me han explicado nada, tengo cita para ir a Lanbide a que me digan por qué me quitan la ayuda, pero de momento me la suspenden durante tres meses", explica.