Madrid. Además de recentralizar las competencias en materia educativa, segregar al alumnado, devaluar el estatus del euskera o hacer de la FP una vía de segunda fila, la reforma escolar que plantea el Gobierno español hace aguas en el plano económico. Tanto es así que la Memoria de la ley Wert no contempla una cuestión nada trivial para sufragar los gastos directos de su aplicación, como es el coste del profesorado o la dispersión del alumnado. Esta falta de rigor en el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) supone una desviación del 35% al año a cargo de las arcas vascas. El planteamiento del Ministerio es que las comunidades paguen parte de la factura de su reforma -cuyo coste inicial se ha quintuplicado hasta los 480 millones de euros- aunque estén en contra. Pero el dislate se enreda aún más, ya que el Real Decreto 14/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, a cuyo amparo se han producido los últimos recortes sociales, impide a las comunidades incrementar la inversión pública hasta finales de 2015.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo se puede aplicar una ley cuya última redacción reconoce finalmente que su objetivo es "homogeneizar" el sistema educativo y que ha concitado un rechazo social y político unánime, que obliga además a Euskadi asumir un desvío económico del 35% en personal, cuando el propio Gobierno español impide a Euskadi aumentar los gastos para contener el déficit galopante del Estado? La respuesta a esta pregunta se la dio ayer la consejera de Educación, Cristina Uriarte, al ministro José Ignacio Wert en la reunión que mantuvo con la Comunidades Autónomas (CC.AA.) en Madrid: "La puesta en marcha de la ley es inabordable y, por tanto, inviable su posible implantación tanto en el curso 2014-15 como en el siguiente".

Más allá de esta obviedad, que el ministerio español parece haber pasado por alto, la consejera Uriarte volvió a recordar a Wert que la reforma propone un tratamiento discriminatorio del euskera y supone "una infracción del régimen constitucional en el reparto competencial". Por todo ello, la titular vasca de Educación pidió formalmente en la mesa "una moratoria" de la tramitación del proyecto de ley "hasta que se den efectivamente las condiciones" para ello. La cuestión es saber cómo reacciona el ministerio a este gesto del Gobierno vasco habida cuenta de que hace un par de semanas Wert respondió a la oferta de diálogo lanzada por Uriarte con un sonoro portazo.

La conferencia sectorial de ayer fue la última antes de que el anteproyecto de la Lomce vaya al Consejo de Estado, después se devuelva al Consejo de Ministros y finalmente llegue al Congreso de los Diputados, donde es previsible que PNV, CiU y los partidos de izquierdas presionen a Wert para cambiar los aspectos que consideran inasumibles.

No obstante, la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Baja no invita a pensar en un ejercicio de flexibilidad postrero del ministro, ya que este no lo ha realizado ni durante la fase de exposición pública de la Lomce y su posterior debate con las comunidades, ni después de las manifestaciones del profesorado o de la reciente huelga de 72 horas del alumnado de Secundaria.

En el transcurso de la reunión de ayer, la consejera vasca transmitió al ministro que la reforma "es regresiva con respecto al modelo autonómico vasco", ya que las medidas que propone para alcanzar objetivos académicos "han sido superadas" en Euskadi gracias a un sistema educativo propio. "No asumimos el riesgo de introducir modificaciones en un sistema que ya funciona y cuyos resultados son perfectamente homologables a la media europea", dijo Uriarte. Y menos, cambiarlo por un modelo que ignora las distintas realidades de las CC.AA. y que "está abocado al fracaso", apuntó Uriarte.

Ampliar el consenso La consejera se mostró dispuesta a aceptar, como sucedía hasta ahora, que el Estado determine un nivel básico de competencias homogéneo para el conjunto de los territorios en las materias que sean de su competencia. Sin embargo, se mostró frontalmente en contra de que el Estado fije el 100% del contenido de las materias troncales y relegue el euskera a la condición de una materia de especialidad. En este sentido, denunció que la reforma invade las competencias por un "exceso ilegítimo en el ejercicio de la competencia estatal" y se produce "un vaciamiento ilegítimo de la competencia autonómica", ya que quedaría reducida a una mera aplicación en la mayoría de las regulaciones.

A todo ello se une el planteamiento económico irreal de la Lomce. Uriarte pidió a Wert la revisión del análisis de los costes teniendo en cuenta los costes reales actuales de las CC.AA., tal y como solicitó la gran mayoría en la Comisión General de Educación del pasado lunes a la que asistió la viceconsejera de Educación, Arantza Aurrekoetxea. Por otra parte, solicitó que la norma que finalmente se apruebe cuente "con las debidas consignaciones presupuestarias que garanticen su efectiva implementación". Asimismo, reclamó el compromiso del Estado para "contemplar los costes que finalmente correspondan a Euskadi" en un convenio específico que se negocie de forma bilateral en la Comisión Mixta del Concierto. Por último, la titular vasca de Educación reiteró que se debe "ampliar el consenso social necesario" para modificar la ley vigente "en beneficio de la estabilidad futura de los diferentes sistemas educativos del Estado". Pese al volumen y la contundencia de los argumentos defendidos por Euskadi para reprobar la reforma educativa, todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular respaldaron ayer el contenido y la Memoria económica presentada por el ministro Wert, lo que abre la puerta a su tramitación parlamentaria. Por tanto, el anteproyecto prosigue su camino con la sola oposición de cinco comunidades -CAV, Catalunya, Asturias, Andalucía y Canarias- que, no obstante, concentran el 45% de la población del Estado.