Vitoria. "No abonar la paga a los funcionarios sería una decisión no ajustada a derecho". Con esta contundencia justificó ayer la portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Idoia Mendia, la decisión confirmada ayer del Ejecutivo de Patxi López de hacer efectivo el pago de la próxima paga extra de Navidad a los 70.000 funcionarios y empleados dependientes de la Administración autonómica (67.000 fijos más otros 3.000 entre interinos y sustitutos). A efectos prácticos el Gobierno Vasco confirmó ayer que sus empleados -también los dependientes del Parlamento Vasco, salvo los propios parlamentarios y sus asesores- recibirán la paga extra navideña, decisión que supondrá un desembolso de unos 207 millones de euros y de la que quedarán exentos el lehendakari y sus consejeros.

Una resolución que el Gabinete en funciones sustenta sobre informes jurídicos y que políticamente pone el colofón a once meses de pulso con los recortes emprendidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero que no deja de causar cierta sorpresa. Y es que si, como ayer explicó Mendia, el pago de la extra es ineludible jurídicamente, resulta menos entendible el rifirrafe que al respecto desencandenó el propio Ejecutivo López la semana pasada con el PNV al pretender tomar esta decisión en coordinación con el Gobierno entrante, un lance público que terminó en la suspensión de la primera reunión oficial para el traspaso de poderes entre ambos partidos.

La tesis que mantuvieron entonces los jeltzales fue que la decisión sobre la paga extra debía tomarse antes del 10 de diciembre -ese día debe hacerse efectiva para que el cobro tenga lugar diez días después-, fecha en la que todavía no se habrá celebrado el Pleno de investidura del nuevo lehendakari, por lo que era el Ejecutivo López el que debía resolver al respecto. Conocida ayer la resolución del Gobierno Vasco, el burukide Koldo Mediavilla -uno de los integrantes de la delegación jeltzale encargada del traspaso de poderes- fue el encargado de fijar la posición del Gobierno entrante, posición que viene precedida del anuncio la semana pasada de la Diputación de Bizkaia, presidida por el jeltzale José Luis Bilbao, de que los informes jurídicos en su poder le obligan a no abonar la paga extra.

Mediavilla mantuvo la prudencia. Manifestó el rechazo del PNV a las medidas de ajuste de Rajoy -incluida esta-, al tiempo que defendió la posibilidad de que los marcos jurídicos a los que se pueden acoger unas instituciones u otras para sortear el decreto de recortes de Madrid sea diferente. Pero sí que advirtió que la decisión de pago debe tener "la máxima seguridad jurídica" para evitar cualquier riesgo de que la Justicia pueda obligar a los trabajadores públicos "a devolver ese dinero".

Algo más explícito, el portavoz de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, consideró que la decisión del Gobierno Vasco de abonar la paga extra de Navidad tiene "cierto riesgo" porque puede "terminar en el Constitucional" y que los trabajadores se puedan ver obligados a devolverla, al tiempo que instó a que, "en el futuro", las instituciones vascas "compartan problemas y, si es posible, soluciones". Ya sin ambages, el diputado general alavés, el popular Javier de Andrés, advirtió al Gobierno Vasco en funciones de que "se puede ver ante el Tribunal Constitucional" si abona la paga extraordinaria porque "estará vulnerando la ley".

Amenaza de impugnación Las advertencias no son gratuitas. La Abogacía del Estado estudiará las posibilidades para impugnar la decisión del Gobierno Vasco, según advirtió ayer la Delegación del Gobierno en Euskadi, una vez conozca los detalles. Al respecto, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, subrayó que la opinión del Gobierno central "no puede ser más que negativa", aunque evitó adelantar si tomarán medidas.

Por cierto, que la CAV se suma así a Extremadura, la otra comunidad autónoma que ha desoído este recorte y que hará efectivo el pago con cargo a los 240 millones que le reportará la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios. Navarra es la otra comunidad que hará efectivo a sus funcionarios el abono de una extra en diciembre, pero adelantando la paga de junio de 2013, el mismo formato que utilizará la Diputación vizcaína. Un asunto que es objeto de debate en una ponencia parlamentaria en Navarra, que decidió ayer solicitar al Gobierno Vasco el informe jurídico sobre el que ha sustentado su decisión para estudiar su posible aplicación en la Comunidad Foral.

Decisión ajustada a derecho Según Idoia Mendia, el Gobierno Vasco no puede hacer otra cosa que pagar la extra navideña. La única alternativa para aplicar el decreto que la suprimía, explicó, hubiera sido aprobar en el Parlamento Vasco una modificación de la Ley de Presupuestos de 2012. Dado que el decreto en cuestión fue aprobado julio y que la Cámara vasca entró en periodo inhábil en ese mes y fue disuelta a finales de agosto, ha sido materialmente hacer uso de vía. "Si el Gobierno Vasco hubiera decidido no pagar sin acudir al Parlamento a modificar la Ley de Presupuestos, estaría tomando una decisión no ajustada a Derecho", insistió la portavoz en funciones. "Para que sea eficaz el decreto ley es ineludible una ley autonómica que modifique lo dispuesto en el articulo que nos afecta del decreto ley. Si el Gobierno v asco hubiera decidido no pagarla estaría tomando una decisión contraria a derecho", remachó.

Por otra parte, a la amenaza de judicialización que pesa sobre este pago ahora por parte del Estado, le precede el recurso que el Gobierno Vasco presentó ante el Tribunal Constitucional contra el mencionado decreto, un recurso pendiente de resolución y que afectará ya al próximo Ejecutivo de Iñigo Urkullu.