PAMPLONA. Esta docena de peticiones, ha explicado a Efe el abogado Iñaki Aguirre, las han presentado los propios afectados, sin disponer de abogado de oficio ni pasar por el procurador.

A éstas se sumarán esta semana otras peticiones de suspensión de ejecución hipotecaria presentadas por afectados con abogado y procurador, ha señalado Aguirre, que ha indicado que desconoce cuántas se presentarán exactamente, aunque ha apuntado que se han distribuido un total 150 escritos entre las plataformas de afectados de Navarra.

En los escritos, los afectados alegan en primer lugar la situación de "emergencia social" causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007, "como resultado de la actividad antisocial de las entidades financieras y de una legislación injusta".

Aseguran en ese sentido que los procedimientos de ejecución hipotecaria masivos constituyen "una violación sistemática de derechos humanos", ya que "sitúan a la persona ejecutada en una situación de absoluta indefensión".

Además, entre otros argumentos, señalan que la hipoteca que se ejecuta fue otorgada a una persona física para la adquisición de una vivienda, por lo que goza de la condición de consumidor, y la defensa de los consumidores y usuarios, subrayan, "es una de las exigencias que derivan del componente social de nuestro Estado de Derecho".

Uno de los argumentos principales del escrito es que está todavía pendiente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legislación hipotecaria española y en ese sentido se pide la suspensión provisional del procedimiento ejecutivo hasta que se conozca ese fallo judicial.

Al ser previsible que el procedimiento de ejecución hipotecaria de España sea considerado por el TJUE contrario a la normativa sobre consumidores, se estaría vulnerando, según los afectados, el derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa de los deudores hipotecados y a la prohibición de indefensión.