VALENCIA. En la rueda de prensa con motivo de la cumbre de ministros iberoamericanos del Interior que acoge hoy Valencia, Fernández Díaz ha respondido así al ser preguntado sobre la situación de esos presos.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, había informado de que en una reunión el ministro le había asegurado que no se produciría la excarcelación de ninguno de ellos.
El ministro ha manifestado que la administración penitenciaria "está acostumbrada a peticiones o presiones de esas características".
Sin embargo, ha dicho que no les afectan "lo más mínimo" porque según los informes de los que disponen, "ni uno solo de esos presos cumple los requisitos que la ley exige para tener una reducción de grado o libertad condicional".
"Se pongan como se pongan, el Gobierno no cambiará su política, que es el cumplimiento de la ley", ha insistido Fernández Díaz, quien ha señalado que aunque en ocasiones los efectos del cumplimiento de la ley "puedan repugnar", la fortaleza del Estado de Derecho "se demuestra siempre cumpliendo la ley".
Los presos saben que "en el marco de la ley es donde nos movemos y nos seguiremos moviendo". Otra cosa, ha indicado, es que alguna de esas personas u otra "cumpliera los requisitos que establece la ley", y en ese caso, habría que aplicarle lo previsto en la legislación.
Preguntado por la puesta en marcha de un posible plan de reinserción para miembros de ETA huidos, el ministro ha negado que exista ningún plan, sino que se trabaja "para saber qué personas hay fuera de España que tienen causas pendientes con la justicia", y en todo caso, ha añadido, no se trataría de facilitar su retorno sino de controlarlo.
El ministro del Interior ha trasladado a los representantes de los países iberoamericanos que el Gobierno español "ni ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con una organización terrorista", y les ha explicado que ETA dejó las armas "no por razones éticas", sino porque "ha sido derrotada policialmente".
Fernández Díaz ha mantenido reuniones bilaterales con todos aquellos países que lo han solicitado, entre los que se encuentran Colombia, Uruguay y México, a quienes ha manifestado la posición del Ejecutivo en relación al terrorismo.
