Vitoria/Bilbao. El lehendakari, Patxi López, bajó el telón de la legislatura con un mensaje en el que transmitió que el adelanto electoral llegaba con los deberes hechos por parte de su gobierno, pero las cuentas revelan lo contrario. Y es que el propio Gabinete socialista reconoció que tras tres años y medio la relación Gobierno Vasco-Estado que determina el Cupo se saldó con un diferencial favorable a Euskadi de 500 millones de euros, cantidad que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy sigue sin abonar a las arcas vascas.

Este mensaje centró ayer la intervención del presidente del PNV y candidato a lehendakari por este partido, Iñigo Urkullu, quien de visita en Vitoria con motivo de la tradicional romería de Olarizu exigió a López que solicite el abultado montante a la Moncloa; un llamamiento que desde las propias filas jeltzales admiten que difícilmente obtendrá una respuesta favorable, vista la trayectoria en este ámbito del Gobierno Vasco desde la llegada de López al poder, una gestión duramente criticada por los nacionalistas desde el inicio de la legislatura.

Urkullu estima que luchar por cobrar esta cantidad que tanto aliviaría la maltrecha economía vasca es parte del esfuerzo por la defensa del autogobierno y su desarrollo, aspectos que el PNV fija como su eje central de la precampaña electoral y que echa de menos en su adversario socialista.

Y es que la relación del País Vasco con el Estado regulada mediante el Cupo es, precisamente, una de las piedras angulares que recoge el Concierto Económico. A través de él, las diputaciones recaudan sus propios impuestos, lo que supone disponer de recursos propios para implementar políticas diferenciadas. Es la herramienta que dota de contenido a la autonomía, ya que de poco serviría contar con competencias en una materia si no se puede decidir el nivel de recursos que se destina a esa cuestión. Por otra parte, el Estado se encarga de desempeñar en la CAV los servicios que aún no han sido traspasados, como es el caso del Ejército, la Corona o Exteriores.

Por esas tareas que desempeña Madrid en suelo vasco, las instituciones deben pagar un cupo al Estado, que en la actualidad se sitúa en el 6,24% y que se revisa cada cinco años en el marco de la Comisión Mixta. En ese organismo se dan cita seis representantes estatales y seis vascos -tres por parte del Ejecutivo de Gasteiz, y otros tantos por las diputaciones-.

El último Cupo se acordó en 2007 y tendría validez, en principio, hasta finales del pasado año. Sin embargo, la CAV funciona en la actualidad con una prórroga de dicho pacto, y no parece previsible que el Gobierno Vasco y el español puedan acordar nuevos términos en plena precampaña y con un Rajoy absorto en su agenda económica europea.

El conflicto por los 500 millones se remonta al mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando fue suscrito el acuerdo 2007-2011. Sin embargo, el PSOE habría incumplido sus términos, y habría seguido haciéndolo tras la llegada de López a Ajuria Enea, aunque cupiera suponer una mayor sintonía con Moncloa al Ejecutivo del PSE. A pesar de la coincidencia de siglas y de la oportunidad que brindaba, "el lehendakari calló", según el PNV. Fuentes jeltzales recriminan al jefe de Lakua que no zanjara la controversia en ese momento, y le afean que "se olvide de ese capítulo y atribuya el incumplimiento a Rajoy en exclusiva". Un PP contra el que también carga el partido de Urkullu por perpetuar el incumplimiento.

En concreto, las instituciones vascas cuentan con un saldo positivo de 511 millones que el Gobierno español no asume. Un saldo que debería repartirse entre Lakua y las diputaciones, y que no ha llegado a la CAV por el incumplimiento de la Ley de Cupo. Ese monto procede de las diferencias de criterio entre ambas administraciones sobre el índice de actualización financiero del Concierto, y sobre las prestaciones de educación, dependencia, formación y empleo. Esos millones se han ido acumulando en los últimos años y, a juicio del PNV, sería posible recuperarlos en la próxima negociación. Al menos, desde Sabin Etxea no renuncian a que el Estado reconozca los 500 millones. "No hay que darlos por perdidos", zanjan.

El lehendakari, por su parte, insistió ayer en la defensa de la "transparencia" de su Gobierno y destacó que "todas las cuentas públicas están en el parlamento, auditadas y en la red para que los ciudadanos las puedan conocer". López alabó las bondades de su gestión en la legislatura y recordó que el Banco Europeo de Inversiones, que "mira con lupa" las cuentas, ha concedido 460 millones a Euskadi.