Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha iniciado una investigación al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Guardia Civil para determinar si incurrieron en un delito de revelación de secretos al esclarecer datos sobre la casa en la que los GRAPO mantuvieron secuestrado y falleció Publio Cordón.

Por este motivo el magistrado ha pedido a las televisiones copias de la rueda de prensa del ministro del Interior del pasado 19 de julio en la que informó del esclarecimiento del secuestro de Publio Cordón, por si en ella se pudo poner en riesgo la investigación por la publicación en los medios de comunicación de diversos datos contenidos en una comisión rogatoria internacional que permanecía secreta relacionadas con esta causa.

Por una parte, el juez pide al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y a su jefe del Servicio de Información, Faustino Álvarez Sola, que identifique, en el plazo de cinco días, "quiénes le dieron la información, verbal o escrita" del resultado de las investigaciones ordenadas en la comisión "y a quién las transmitió". Y ello "con el fin de determinar si existe base para estimar indiciariamente si se ha cometido un delito, el de revelación de secretos, y el órgano competente para la instrucción de la causa, dada la intervención pública de aforados en la que se dieron datos protegidos por el secreto de sumario", subraya el escrito.

Gómez Bermúdez reclama además al jefe del Servicio de Información que "identifique, con el número de su carné profesional si fuese miembro de las fuerzas de seguridad y nominalmente en otro caso", a la persona que informó "a las autoridades del Ministerio del Interior" sobre el resultado de la investigación. Por último, exige a las televisiones que le remitan, "en el plazo inexcusable de 10 días", las imágenes de la rueda de prensa que Fernández Díaz ofreció el pasado 19 de julio para aportar nuevos datos sobre el secuestro del empresario zaragozano en 1995.

datos desvelados En ella, Fernández Díaz dio por esclarecido el caso tras conocerse que Cordón falleció en un piso de Lyon (Francia) tras quince días de cautiverio al intentar huir por una ventana después de haber estado encerrado en un "armario zulo cerrado con una cadena" de la segunda planta de la vivienda.

Por ello, solicitó a la Guardia Civil que informara sobre "la cadena de custodia" de esta comisión rogatoria desde su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas y si se hizo alguna copia de la misma distinta a la que le fue entregada al Juzgado.

El Instituto Armado le entregó entonces el informe original de la comisión rogatoria practicada en Francia en relación con el secuestro del empresario, la cual precipitó la detención de José Antonio Ramón Teijelo, María Victoria Gómez Méndez, Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa.

Cerrar el caso Por su parte, el Ministerio del Interior asegura que lo único que le interesa en relación con la investigación sobre la desaparición de Publio Cordón, es que las detenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil sirvan para esclarecer el caso. De este modo responde a la providencia dictada por el juez de la Audiencia Nacional sobre el posible destape de secretos sobre el caso.

Fuentes ministeriales indicaron que "lo único que le preocupa y le interesa es que la detención de los cuatro miembros de los GRAPO por parte de la Guardia Civil contribuya definitivamente al esclarecimiento del caso localizando el lugar donde está enterrado el cadáver de Publio Cordón".

El órgano judicial competente para investigarle, en caso de que el juez concluya que los indicios de la revelación son lo suficientemente firmes, sería, por tanto, el Supremo.