Bilbao. El pulso abierto entre el Ministerio del Interior del Gobierno español y los presos de ETAquedó ayer patente. Mientras Jorge Fernández Díaz, responsable de Interior del Gabinete Rajoy, aprovechaba una extensa entrevista concedida a EFE para advertir a los reclusos de que no habrá salidas colectivas ni negociaciones, y que sólo la disolución definitiva de ETApodría llevar al Gabinete popular a revisar la política de dispersión, Etxerat anunciaba que 35 presos de cuatro cárceles -dos en Estado español y otras dos en suelo francés- secundaban la huelga de hambre iniciada un día antes por Iosu Uribetxebarria para reclamar su puesta en libertad.

El ministro del Interior del Ejecutivo popular lanzó una seria advertencia al colectivo de reclusos: “Los presos tienen que interiorizar que no habrá medidas colectivas ni extraordinarias. Los presos tienen que asumir la realidad, que no va a haber ninguna negociación. Pensar otras cosas es pensar en ensoñaciones y utopías que no se han producido ni se van a producir jamás con este Gobierno”, señaló.

Sobre la política de dispersión, denunciada por los partidos nacionalistas, Fernández Díaz aseguró que es una medida que el Ejecutivo popular sólo se replanteará en el momento en el que ETAdecida su disolución. A su juicio, el hecho de que la organización armada aún no haya dado el paso de anunciar su adiós definitivo está condicionando la actuación de los reclusos. “En el momento en que ETAdeje de existir, sin duda que muchos de los etarras que están en prisión se acogerían a los programas de reinserción porque no sentirían la coacción de la banda”, manifestó.

huelga de hambre Las palabras de Fernández Díaz coincidieron en el tiempo con el anuncio realizado por Etxerat mediante el cuál la asociación de familiares de presos daba cuenta de que, de los más de los 600 reclusos del MLNV, 35 han comenzado una huelga de hambre en cuatro cárceles en apoyo a Josu Uribetxebarria, que el pasado miércoles también dejó de comer para reclamar su puesta en libertad. Uribetxebarria, condenado a 32 años por el secuestro de Ortega Lara, fue trasladado la pasada semana de la cárcel de León al Hospital de Donostia debido a que padece un cáncer de riñón con metástasis. Según Etxerat, los presos que se han sumado a la protesta iniciada por Uribetxebarria se encuentran internados en las cárceles de Sevilla II y Castellón IIy los penales franceses de Villefranche Sur Saone y Fresnes.

Instituciones Penitenciarias, además de señalar que no tenía constancia de la decisión de los presos, emitió una nota en la que indicaba que ha sido tras su traslado a Donostia cuando Uribetxebarria ha cambiado de actitud “negándose a que se le practique prueba alguna”. La nota señalaba que “llama la atención que ha sido el acercamiento a San Sebastián, donde es más fácil el contacto con el entorno más radical que controla a los presos, lo que ha provocado el cambio de actitud del interno. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cree que hay presiones del entorno radical tanto al preso como su familia para que adopte esa actitud para seguir utilizando este tema”.

Otro de los vértices de este pulso se encuentra en la manifestación convocada por Herrira para mañana en Donostia, primer día de las fiestas de la capital guipuzcoana, bajo el lema Giza eskubide guztiak, euskal presoak Euskal Herrira (Todos los derechos sociales, presos vascos a Euskal Herria). El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, ha solicitado la prohibición de la marcha y el fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, decidió ayer remitir a la Audiencia Nacional la petición de Urquijo.

De entrada, y a la espera del dictamen de la Audiencia Nacional, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco ha decidido variar el recorrido de la marcha, que no podrá discurrir por ninguna de las zonas en las que está prevista una “gran afluencia de personas” para participar en los actos festivos, lo que, a su juicio, podría generar situaciones de riesgo, especialmente en el caso de ser necesario el acceso de los servicios de urgencia al recinto festivo”.Asimismo, desde Interior se ha trasladado a los convocantes que no se podrá incurrir en ninguna actuación que “entrañe descrédito, menosprecio o humillación para las víctimas del terrorismo”, al tiempo que se les ha advertido de forma expresa de que “no podrán exhibir carteles o pancartas con textos y fotografías de presos de la organización terrorista ETA”.

En la entrevista, Fernández Díaz se refirió también a la situación actual de ETA cuando están a punto de cumplirse diez meses desde que anunciara el cese definitivo de sus actividades. A lo largo de este tiempo transcurrido desde el 20 de octubre ha habido momentos en los que el ministro del Interior ha insinuado con la posibilidad de una vuelta a la acción por parte de ETA. Ayer, sin embargo, consideraba irreversible el cese de la violencia, “gracias a la Policía, a la Guardia Civil y al conjunto de la sociedad”. Para el responsable de Interior, el futuro de ETApasa ahora por que entregue las armas y desmantele todas sus estructuras, “no sólo las del aparato militar, que está inactivo, sino también su estructura logística”, que se encuentra, dijo, muy diezmada”.

Fernández Díaz destacó en la entrevista la actitud mantenida por el Gobierno del PPy señaló que el tiempo ha dado la razón a quienes, como ellos, se negaron a negociar con ETA. A su entender, el diálogo que reclamaban algunos “era un diagnóstico equivocado” y, por contra, la receta válida es exigir la disolución incondicional de ETA, acompañado con planes, siempre individuales, de reinserción de los presos.

amenaza a bidlu y amaiur Por último, respecto a las coaliciones soberanistas, Fernández Díaz quiso mandarles un mensaje recordando la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu, que establece las líneas rojas que no se pueden traspasar si no quiere incurrir en los supuestos de una ilegalización sobrevenida; unas lineas rojas que, a su juicio, Bildu y Amaiur están rebasando “un día sí y otro también”, por lo que les advirtió de que el Gobierno español está tomando “nota” de cara a un hipotético proceso de ilegalización.

Asimismo, entró también al debate sobre el voto de los exiliados por ETA; una iniciativa que empezará a negociarse con los grupos tras el verano y para la que confió en contar con “el apoyo del PSOE”. Es una propuesta, dijo, que en ningún caso pretende adulterar el censo con fines electorales. “Sería mezquino que pudiera verse de manera electoralista”, afirmó. >J. Núñez/EFE