MADRID. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que la Policía y la Guardia Civil tienen orden de detener a los autores de dos asaltos a supermercados en Cádiz y Sevilla promovidos por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en los que participó el alcalde de Marinaleda (IU), Juan Manuel Sánchez Gordillo.
"El establecimiento ha presentado una denuncia y la Policía y la Guardia Civil tienen ór-denes de detener a los autores y ponerlos a disposición judicial", aseguró ayer Fernández Díaz.
Por su parte, el diputado autonómico Juan Manuel Sánchez Gordillo, llamó al ministro de Interior, "franquista de tomo y lomo" tras ordenar la detención y aseguró que estará "orgulloso de entrar en la cárcel por este motivo, una y mil veces". Asimismo precisó que no cometió ningún delito ya que ni llegó a pisar el establecimiento comercial, sino que se ocupó de desarrollar la maniobra de distracción que permitiera la entrada de miembros del SAT. Además, consideró esa orden de detención un "despropósito", ya que "se detiene a la paloma mensajera, cuando se debería detener a otra mucha gente" y aseveró que se trata de "terrorismo estatal, ha vuelto el franquismo". Asimismo, opinó que "debe ser el juez el que diga si hay indicios de delito o no" y animó al Gobierno a "buscar entre la alta delincuencia entre los banqueros que practican la usura, a ellos sí hay que practicarle una orden de detención".
investigación Por otra parte, el titular de Interior criticó también el apoyo a estos hechos expresado por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, que censuró ayer que se le quiera dar una "trascendencia penal" a la protesta "simbólica" del sindicato. De hecho, Llamazares defendió que se hizo "a las claras, con la cara al descubierto y no en beneficio propio", sino para personas que tienen dificultades económicas. De hecho, indicó que el Código Penal justifica una acción de este calibre si espara personas que están en una situación de necesidad. En cualquier caso, Fernández Díaz trasladó su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que a su vez inste a la Fiscalía a investigar lo ocurrido por si los hechos fueran constitutivos de delito. "He hablado personalmente con el ministro de Justicia sobre estos graves hechos y el ministro de Justicia va a trasladar a la Fiscalía General del Estado estos hechos a los efectos de que actúe como en derecho proceda", avanzó. Según el titular de Interior, aquellos dirigentes políticos que "lideran e incitan" este tipo de actuaciones, además de incurrir en actos delictivos, "cometen una gravísima irresponsabilidad de la que tendrán que dar cuenta".
En este sentido, Fernández Díaz dejó claro que "en ningún caso" se va a permitir que se viole la ley, entrando por la fuerza en un supermercado para llevarse alimentos sin pagar y "ejerciendo violencia sobre algunos empleados". El ministro del Interior reconoció que la gente "lo está pasando mal" por la crisis, pero insistió en que el fin no justifica los medios. "Una sociedad civilizada y democrática no puede permitir que la gente tome la justicia por las manos. Si se generalizaran este tipo de conductas esto sería la ley de la selva, evidentemente no lo vamos a permitir", concluyó.
"metedura de pata" El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, también comentó ayer que la orden de detención es una "metedura de pata veraniega". Meyer mostró su sorpresa por la decisión del ministro, "que parece no tener otra cosa que hacer", al tiempo que consideró "un disparate" que se ponga a estas personas "en busca y captura". "Es como si en este país el tema de seguridad en este país no requiriera una atención mayor sobre todo en el blanqueo de dinero o tráfico de estupefacientes", apuntó. Meyer, que dejó claro que no comparte el asalto al supermercado, indicó que, dado que la mercancía que se sustrajo fue a parar a un banco de alimentos y que uno de los supermercados llegó a un acuerdo con los sindicalistas, "cualquier juez procedería de una manera muy equilibrada".