vitoria. La pretensión del Gobierno Vasco de forjar una postura institucional común contra la reforma de la Ley de Dependencia impulsada por Mariano Rajoy ha quedado en agua de borrajas a las primeras de cambio. El Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, el foro en el que el Ejecutivo autonómico, las diputaciones y los ayuntamientos vascos planifican sus políticas en este ámbito, mantuvo ayer un encuentro en Bilbao durante el que la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, pretendía convencer al resto de actores sobre la necesidad de ir de la mano contra una ley que, a su juicio, "recortará de manera notable los derechos y las prestaciones" de los ciudadanos.
La intención de Zabaleta de seguir una hoja de ruta marcada por el desarrollo y el blindaje de la Ley vasca de Servicios Sociales, una norma que garantiza una cobertura más amplia al incorporar los servicios a a la dependencia que suprimirá la reforma de Rajoy, se ha topado con la oposición tanto de la Diputación alavesa como de Bizkaia y de la Asociación de Municipios Eudel. Marta Alaña, titular foral de Política Social, recordó tras la reunión que las competencias en esta materia corresponden a las diputaciones, por lo que pidió "respeto" al Gobierno Vasco porque el Gabinete De Andrés tomará "las decisiones que procedan" dentro de su capacidad de maniobra. Cabe recordar que la semana pasada Alaña alabó la reforma de Rajoy ante las Juntas, una revisión que considera "beneficiosa" para el territorio debido a la profesionalización que caracteriza al sector provincial.
La norma, no en vano, servirá para procurarle a la Diputación a partir de ahora más ingresos procedentes de Madrid, porque uno de sus puntos estrella apuesta por la reducción en un 15% de la paga que actualmente reciben los cuidadores familiares de las personas dependientes (la PECEF), a los que además se exigirá unos conocimientos mínimos para concederles dicha asignación.
Ese intento de primar los cuidados profesionales, que se sumará a la redistribución de los fondos que recibirán las comunidades autónomas desde el Estado para beneficiar más a aquéllas que hayan apostado por la asistencia profesional, abrirá "unas amplísimas posibilidades al territorio", advirtió Alaña. Esta misma semana, además, el propio Javier de Andrés instó al Gobierno Vasco a aportar fondos adicionales a las diputaciones para que éstas puedan mantener las prestaciones de la Ley de Dependencia como ha sucedido hasta ahora.
Con todo, el debate ni siquiera llegó a producirse ayer en el Órgano Interinstitucional, al no encontrarse dentro del orden del día. Sólo Gipuzkoa, que reafirmó su apuesta por blindar las prestaciones por dependencia, se desmarcó del veto del resto de instituciones, aunque dejando claro que debería ser el Ejecutivo autonómico el que asuma el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social de los cuidadores.
El Gobierno Vasco también se pronunció tras el encuentro, insistiendo en que la situación derivada de esta reforma requiere de un posicionamiento común desde las instituciones vascas. Zabaleta advirtió de que las diputaciones "deben clarificar a sus ciudadanos el mantenimiento de sus derechos" y argumentó que "el blindaje de la Ley vasca de Servicios Sociales implica un desarrollo reglamentario cohesionador del país, una sola cartera de prestaciones, un mismo sistema de copago para toda la comunidad y un único sistema de financiación".
Por ello, Zabaleta insistió en la "absoluta necesidad" de abrir el debate sobre una financiación estable de la Ley de Dependencia y, por ende, sobre la fiscalidad. "Euskadi no tiene un problema de gasto, tiene un problema de política de ingresos. Este debate está encima de la mesa para que se pronuncien tanto las diputaciones como la Asociación de Municipios", apuntó la consejera de Asuntos Sociales.
