Vitoria. La Diputación foral alavesa, sumida en una "economía de guerra", como ya advirtió al comienzo de la presente legislatura, se ha topado con un nuevo problema que amenaza con desestabilizar un poco más sus maltrechas arcas. Y también, su ya delicada relación con el Gobierno Vasco, que ha vivido un incremento de las tensiones de un tiempo a esta parte. Según ha podido confirmar DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA de fuentes de toda solvencia, el ente foral aún no ha recibido de manos del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, más de 900.000 euros que le corresponden para complementar los salarios de los trabajadores de Indesa, la sociedad pública que emplea a personas con discapacidad. Se trata de cantidades que la entidad dependiente del ejecutivo autonómico le adeuda desde el pasado mes de enero y que todavía no han sido ingresadas pese a que 2012 ya ha cruzado su ecuador. En concreto, corresponden a las cinco primeras mensualidades del ejercicio.
Desde que Lanbide recibió la transferencia de las políticas activas de empleo en enero de 2011, cuenta entre sus competencias con la obligación de asumir mensualmente un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los trabajadores de los centros especiales de empleo como Indesa. Cuantos más asalariados tengan esas sociedades, más dinero deben recibir sus responsables proveniente de Lanbide. Indesa, cuyo capital es público al 100%, cuenta a día de hoy con 700 empleados. Dado que desde enero del presente 2012 se redujo del 75% al 50% el porcentaje del SMI que Lanbide debe asumir, la calculadora arroja unas cantidades cercanas a los 180.000 euros al mes a ingresar en las arcas de la Diputación. Sin embargo, no ha habido noticias de este dinero, pese a que el ente foral ya ha realizado las solicitudes pertinentes a Lanbide.
El problema puede adquirir todavía una dimensión mayor, porque el gabinete de Javier de Andrés reclamará próximamente, en toda lógica, las cantidades correspondientes a junio y a la primera paga extra del ejercicio, unos 360.000 euros adicionales que se sumarían a los ya solicitados. Los impagos también se han producido en Bizkaia y Gipuzkoa, donde operan las sociedades públicas Lantegi Batuak y Gureak, respectivamente, que en total emplean a más de 6.000 personas con discapacidad. Elhabe, la patronal que agrupa a estos centros, celebró la semana pasada una asamblea donde la preocupación por esta realidad fue la sensación generalizada.
Los salarios, en regla A pesar de los retrasos de Lanbide, los trabajadores de Indesa no se han encontrado con la difícil tesitura de no cobrar una parte de sus salarios a final de mes, porque la Diputación ha completado sus pagas. Eso sí, a costa de generarse importantes tensiones de tesorería.
Los impagos mes a mes, por desgracia, llevan camino de convertirse en una tónica habitual, porque según ha podido comprobar este periódico los retrasos también se produjeron el año pasado. En concreto, la Diputación no cobró las cantidades correspondientes al SMI de los trabajadores de Indesa de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, más la paga extra, hasta mayo de este 2012. Al tener que asumir Lanbide todavía el 75% del SMI durante el pasado ejercicio, la deuda total llegó a ascender de nuevo a casi un millón de euros.