PAMPLONA. La investigación, según ha informado hoy la Jefatura Superior en un comunicado, se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un representante de una compañía telefónica.
El denunciante indicó que existían distintas contrataciones de líneas telefónicas, la gran mayoría ubicadas en Valencia, que habían generado una deuda de casi un millón de euros en llamadas al extranjero.
Tras comprobar que varias personas de nacionalidad ecuatoriana, como el acusado, formaban parte de diferentes comunidades de bienes, se constató que, tanto para éstas como para las contrataciones telefónicas, se habían utilizado nombres de personas conocidas y con relación entre ellas tanto mercantil como sentimental, pero sin que la mayoría de los afectados hubiera dado su consentimiento ni supiera lo que sucedía, aunque en algunos casos, al descubrir el uso de su identidad, se les había ofrecido dinero para consolidar las citadas comunidades.
La Jefatura ha indicado que en la misma operación se han practicado otras detenciones en distintos puntos del país.
