El Gobierno se atrinchera en el Código Penal

A la espera de que el Gobierno español aclare la letra pequeña de este paquete de medidas, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha desgranado ya algunos de los ejes que vertebrarán esta reforma, la vigésimo octava que se hace del Código Penal. Con los cambios que el Gobierno pretende introducir antes de que acabe el año, los actos de resistencia pasiva -como las sentadas pacíficas protagonizadas por los activistas del 15-M- serán considerados delito de atentado a la autoridad y se podrán castigar con hasta cuatro años de cárcel, cuando actualmente en ningún caso se superaría la pena de un año y, por tanto, no se ingresaría en prisión.

Sin embargo, esto parece ser ya cosa del pasado. Como también lo serán las convocatorias de "actos violentos" a través de la red o la impunidad con la que, según el Gobierno, campan estos grupos organizados. De hecho, la reforma del Código Penal prevé catalogar como delito de integración en organización criminal los actos en los que se altere gravemente el orden público y se promuevan por cualquier medio, incluido internet, manifestaciones, quedadas o actos violentos. Es decir, la resistencia pasiva pasará a ser resistencia contra la autoridad y convocar concentraciones violentas por internet será un delito de integración en banda criminal. "La inmensa mayoría de las concentraciones y manifestaciones suelen ser numerosas y pacíficas y no generan problemas. Los incidentes se generan cuando una minoría de violentos radicales antisistema se incrustan en una manifestación y provocan desórdenes públicos. Por eso, endurecer el castigo a los actos de vandalismo callejero reforzará el derecho a manifestarse", ha llegado a asegurar el ministro para tratar de justificar estos cambios.

Pero, ¿por qué el Gobierno español echa mano del Código Penal para hacer frente a un problema social? "Porque los gobiernos necesitan tener un control sobre sus poblaciones", responde Ander Gurrutxaga, catedrático de Sociología de la UPV/EHU. "Creen que el derecho penal es una vía para obtener el control sobre esas poblaciones. Hay una tendencia de huir hacia lo simple en vez de intentar captar lo complejo, porque resulta mucho más fácil penalizar conductas que comprenderlas. ¿Qué es mejor, educar bien para que estos actos no se realicen o penalizar para que esos actos que se van a realizar sean castigados? Son cuestiones que a los gobiernos les cuesta digerir", asegura.

Para el catedrático de la universidad pública vasca, la falta de pedagogía en las nuevas medidas que se pretenden implantar son la causa de la poca legitimad que otorgan los ciudadanos a estos cambios. "La pedagogía es la base de toda comunicación. El Gobierno está manejando datos, medidas, cifras, proyectos, y da la sensación de que están haciendo una política exprés, sobre la marcha, sin haber hecho un buen diagnóstico. Y esto me parece un elemento fundamental, porque cuando tú no clarificas lo que quieres hacer, cuesta mucho adquirir cierta legitimidad. Hay que saber explicar bien qué se hace, para qué se hace y cómo se hace para que la población lo entienda. De esta forma, aunque no compartan las decisiones, jamás podrán decir que no entienden lo que estás haciendo".

herramientas jurídicas El afán del Gobierno español por endurecer las penas de los violentos adquirió su punto más álgido tras los disturbios acaecidos en Barcelona durante la pasada huelga del 29 de marzo. Las protestas contra la reforma laboral dejaron un balance de 44 heridos, 50 detenidos e innumerables destrozos que el Govern achacó a grupos violentos perfectamente organizados. Tras estos incidentes, el ministro del Interior habló sin tapujos de dotar a la policía, los jueces y los fiscales de los instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a este fenómeno equiparando las penas por dichos actos con las de terrorismo.

Según explica a este periódico Pablo Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), esta reforma del Código Penal entra dentro de la lógica desde el momento en que se constata la existencia de esta nueva fenomenología. Sin embargo, matiza el magistrado, "esto no quiere decir que el aumento de las penas no deba graduarse por parte del legislador. En caso de que se decida abordar esta reforma, tiene que realizarse desde criterios de proporcionalidad. No puede aplicarse una pena de la misma gravedad a la resistencia pasiva que a la resistencia activa o al delito de agresión a los agentes de la autoridad", recalca Llarena.

Sobre la decisión del Gobierno de considerar miembros de organización criminal a las personas que alteren gravemente el orden público, el portavoz de la APM considera que este planteamiento cabría dentro del Código Penal, siempre y cuando se acredite que existe una organización específicamente destinada a causar graves perturbaciones en el desarrollo de la vida común. "Las manifestaciones de disconformidad política nos estaban produciendo una realidad que consiste en la encausación por daños materiales y de perturbación del normal desarrollo de la vida ciudadana, pero que se están haciendo de una forma colectiva, organizada, estructurada y perfectamente armada. El Código Penal actúa como elemento disuasorio para la comisión de delitos, y esta adaptación podría ayudar a potenciar esa idea disuasoria. En todo caso, cualquier regularización que se haga tiene que reconocer los espacios de manifestación que les corresponde a los ciudadanos en democracia".

Pese a ello, ¿no dispone ya el Código Penal de suficientes elementos para actuar en los casos de vandalismo? Para Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional, la respuesta es afirmativa. "Hay una base legal hoy día suficientemente punitiva y más dura que en otros países de la Unión Europea para actuar". Por ello, explica, "los delitos de desobediencia y atentado a la autoridad tienen un nivel de aplicación y de dureza que no justifican la necesidad de un endurecimiento hasta límites que además contravienen la Constitución. Bajo el argumento de que puede haber un endurecimiento de esas medidas parece que se quieren prevenir eventuales actuaciones futuras de la ciudadanía en la calle. Mano dura, ése el mensaje que quiere transmitir el Gobierno del PP".

Pese a reconocer que espera una revisión en términos de constitucionalidad de todas las medidas anunciadas por el Gobierno, el catedrático de Derecho Internacional asegura que estos cambios podrían rebasar la línea del derecho a la libertad de expresión, una posibilidad que ejemplifica mediante el siguiente caso: "Supongamos que una persona expresa su adhesión a una manifestación mediante su correo electrónico u otra plataforma digital. Si en esa concentración se producen actos vandálicos, te podrían hacer responsable o corresponsable de lo sucedido por ser copartícipe de organizar acciones violentas a través de internet. Es algo muy llamativo porque el ejercicio del derecho a manifestación es individual, y a una persona no se le pueden imputar las responsabilidades que le puedas imputar a terceros", zanja.

Más cambios Las reformas que pretende introducir el Gobierno del PP en el Código Penal no terminarían aquí. De hecho, el ministro del Interior ha propuesto también a su homologo en Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que la reforma contemple sanciones penales para aquellas asociaciones, partidos o sindicatos que convoquen manifestaciones en las que alguno de sus afiliados altere el orden público. Hasta ahora, la última reforma del Código Penal llevada a cabo por el Ejecutivo de Zapatero achacaba la responsabilidad penal a todas las personas jurídicas a excepción de las formaciones políticas, los sindicatos o las empresas públicas, algo que el Gabinete Rajoy estaría barajando modificar.