Vitoria. En ocasiones, los gobiernos municipales dejan a sus sucesores herencias tan incómodas como indeseadas. Proyectos iniciados e inacabados, compromisos blindados con particulares o asuntos legales pendientes. Dentro del capítulo de los flecos jurídicos, al gabinete Maroto le acaban de notificar una desagradable sorpresa que mermerá en nada menos que 68.246,49 euros su precaria caja de fondos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de confirmar que el Consistorio gasteiztarra deberá abonar una indemnización por la citada cantidad a un escolta municipal que fue retirado del servicio durante la pasada legislatura y reasignado irregularmente a otro puesto dentro de la plantilla. Una decisión que los sindicatos del cuerpo achacan en primer lugar al exalcalde Patxi Lazcoz y en segundo término al exconcejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Bully, al excomisario jefe de la Policía Local, José Antonio Vicho y a la anterior cúpula de Aguirrelanda al completo.
Una de las primeras medidas que el anterior Gobierno socialista adoptó tras ganar las elecciones municipales consistió en desmantelar la unidad de escoltas que trabajaba personalmente con el hasta entonces alcalde de la ciudad, el popular Alfonso Alonso. El responsable de Seguridad Ciudadana argumentó que los integrantes de este grupo no gozaban de la confianza del equipo de gobierno y les reasignó a otras tareas como policías. Cuatro de ellos pusieron inmediatamente el asunto en conocimiento de sus representantes sindicales y denunciaron lo sucedido.
Las dos primeras denuncias presentadas corrieron desigual suerte. Ambos escoltas ganaron el juicio en primera instancia, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento reclamaron y sólo uno de sus dos recursos fue admitidos a trámite. A resultas de estos movimientos, la demanda recurrida viajó hasta el TSJPV y la otra tuvo que abonarse directamente por parte del gabinete Lazcoz en julio de 2010. El Consistorio también tuvo que rascarse el bolsillo a conciencia en aquella ocasión, ya que la factura se elevó a 35.000 euros. Ahora, tras darse a conocer la decisión del TSJPV, llega el segundo revés legal para el Ayuntamiento. Por ahora se han abonado más de 103.000 euros, pero todavía quedan por resolverse dos denuncias más, con lo cual el montante final a pagar puede seguir aumentando.
Contrario a derecho El fallo de la sección tercera del Alto Tribunal vasco ordena la ejecución de la sentencia emitida en su día por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria. En el documento, el TSJPV recuerda cómo la Orden de Servicio emitida el 28 de septiembre de 2007 por la Corporación socialista modificó el destino del demandante trasladándolo del Grupo de Protección de Autoridades al Grupo de Investigación Social. Los jueces anulan la resolución administrativa municipal "por ser contraria a derecho, reconociendo el derecho del recurrente a seguir asignado en el Grupo de Protección de Autoridades desde el 1 de octubre de 2007 con todos los derechos inherentes a tal declaración, entre otros a percibir las retribuciones o complementos propios de las funciones que estaba realizando descontando los ingresos percibidos".
El cálculo realizado por el Departamento municipal de Función Pública, plasmado en un acuerdo que ya ha sido firmado por el concejal del área, Manu Uriarte, y por el exescolta, estima que la cantidad final a percibir por éste en relación a los pluses de protección no percibidos durante casi cinco años se eleva a 68.246,49 euros brutos. Aunque la resolución contempla igualmente el regreso del recurrente a la unidad de escoltas, el interesado ha rubricado su renuncia. José Luis Vázquez, responsable de CCOO en la Guardia Urbana de Vitoria -sindicato al que están afiliados los escoltas que denunciaron la reasignación irregular-, hizo ayer responsable de este "varapalo judicial" a "la anterior Jefatura de la Policía Local, desde el exalcalde Patxi Lazcoz, pasando por el exconcejal delegado de Policía José Manuel Bully y terminando en la excúpula policial, encabezada por el excomisario jefe José Antonio Vicho, el subcomisario Luis Cid, y el suboficial Manuel Gómez Oliveira". "Siempre hemos denunciado el trato discriminatorio y vejatorio que se ha aplicado a algunos de los agentes exmiembros de la escolta de autoridades, lo cual nos ha llevado a presentar denuncias ante los tribunales", explicó el delegado de CCOO.
El portavoz de ELA en la Policía Local, Roland Estébanez, también lamentó la "mala praxis" del exconcejal Bully, así como la "incompetencia manifiesta" de la anterior directora de Función Pública y del exedil responsable del área, Joaquín Esteban. "Con situaciones como las que ahora se dan nos damos cuenta del saldo tan negativo que ha tenido si gestión en el Ayuntamiento", manifestó.
