Vitoria. El intento por mejorar la transparencia institucional volverá a la agenda del Parlamento Vasco próximamente. El PSE trabaja en una iniciativa que ahondará en la espita que abrió a finales de diciembre con la publicación de las declaraciones de bienes de sus parlamentarios vía Facebook. Una vía que avanza en el camino abierto por otras iniciativas como Opendata y que complementará el Gobierno Vasco a través del proyecto de Ley Reguladora del Código de Conducta del Cargo Público y de su Régimen de Incompatibilidades, que intentará regular los conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica.

La iniciativa en la que trabaja el grupo socialista pretende regular la obligatoriedad de la publicitación de las declaración de bienes de los parlamentarios, su formato y alcance, pero además que ésta se haga extensible a otras instituciones -actualmente esta práctica no es obligatoria ni en Juntas ni en ayuntamientos- y entidades de alguna manera participadas por la administración pública. El caso más obvio de esta última categoría serían, por ejemplo, las cajas, pero también empresas públicas. Simplificando, esta propuesta permitiría conocer los sueldos de los presidentes de Caja Vital o BBK, por ejemplo.

Estas pretensiones ya fueron planteadas por el PSE a la ponencia del Estatuto del Político y del Cargo Público Vasco del Legislativo autonómico, que concluyó sus trabajos el pasado 10 de enero y cuyo dictamen está ya únicamente a la espera de su aprobación en Pleno. Sin embargo, ante la falta de acuerdo con el resto de los grupos, el asunto se aparcó temporalmente, aunque a finales de diciembre los parlamentarios socialistas hicieron públicas en Facebook sus declaraciones de bienes.

Actualmente, los parlamentarios deben presentar una declaración de bienes y actividades ante la Cámara vasca cuando toman posesión de su escaño para detectar posibles incompatibilidades, según consta en el Reglamento del Parlamento Vasco cuya última versión fue aprobada el pasado 30 de junio, pero estas declaraciones se depositan en el Registro parlamentario y no son públicas.

Las cortes abren camino No obstante, a lo largo de la legislatura pasada otros legislativos, como el Congreso o el Senado, decidieron ahondar en la política de transparencia y control de los bienes de los aforados, fundamentalmente al calor de la crisis económica y de los casos de corrupción política. Así, las Mesas de estas dos Cámaras, presididas entonces por José Bono y Javier Rojo, acordaron el 19 de julio del año pasado reformar la norma que hasta entonces regía el registro de intereses de sus señorías previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Dicha modificación establece que "la publicidad del registro de intereses de cada Cámara, en lo que se refiere a los bienes patrimoniales y rentas de los Parlamentarios, se hará efectiva mediante la publicación inmediata de las declaraciones en la sede electrónica de la Cámara de la que forma parte el Parlamentario, en un formato que no sea susceptible de manipulación por terceros, así como en el Boletín Oficial de las Cortes Generales". Así, las declaraciones de todos los senadores y diputados están disponibles en la web del Congreso y el Senado para su consulta por cualquier ciudadano.

Distinto es el caso de las Juntas Generales. El último intento por establecer un mecanismo similar de transparencia ante la ciudadanía en el Legislativo alavés se produjo en 2010, cuando el PP intentó extender a los integrantes de la Mesa y a los portavoces de los grupos la publicitación de sus declaraciones de bienes -PNV y PSE se opusieron a la fórmula propuesta-, tal y como sí están obligados desde entonces los altos cargos del Gobierno foral, desde el cambio impulsado tras la dimisión del exdiputado Alfredo de Miguel por su imputación en un supuesto caso de corrupción. De hecho, los diputados deben publicitar sus declaraciones al asumir y dejar el cargo.

En el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, los concejales no tienen tampoco requerimiento de hacer públicas sus declaraciones de bienes. El pasado octubre, los ediles socialistas lo hicieron motu proprio, mientras que PP, PNV y Bildu acordaron en la Junta de Portavoces elevar a Eudel una petición para que establezca los criterios sobre este asunto.

Reforma de la ley Por otra parte, el anteproyecto de Ley Reguladora del Código de Conducta del Cargo Público, que modifica la actual de 1983, recibió a finales de diciembre el plácet del Consejo Económico Social, por lo que sólo le resta cumplimentar el trámite ante la Comisión Jurídica Asesora para ser aprobado en Consejo de Gobierno. Fuentes del Departamento de Justicia y Administración Pública confían en que esto ocurra como máximo para inicios de marzo, incluso adelántandose un poco a la previsión que la propia consejería hizo de que fuera remitido al Parlamento Vasco en el segundo trimestre del año.

El anteproyecto regula la Oficina de Conflictos de Intereses, responsable del Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales. Este Registro es el encargado del archivo, inscripción y, en su caso, información y acreditación de las declaraciones y obligaciones establecidas en la ley para los cargos públicos. El texto prevé asimismo que el Gobierno informe semestralmente al Parlamento del "grado de cumplimiento por los cargos públicos" de los requerimientos fijados en la ley. Al mismo tiempo, el CES sugiere al Ejecutivo mayor claridad en las excepciones a la dedicación exclusiva y a la retribución única, así como en los supuestos del deber de abstención.