MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA). El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, considera "imprescindible" llevar a cabo una reforma de este tribunal que esté centrada en ampliar las competencias en la lucha contra el crimen organizado si finalmente ETA desaparece.

En una conferencia en la Jornada sobre Crimen Organizado en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), Zaragoza, que ha puntualizado que "no hay que ser optimistas con ETA", ha pedido de nuevo que se reforme el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que prevea más supuestos dentro del crimen organizado que el de narcotráfico y falsificación de moneda.

Para Zaragoza, este artículo está anticuado y no prevé numerosa casuística relacionada con el crimen organizado a la que podría dedicarse la AN tras el final del terrorismo de ETA, como por ejemplo la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero.

El fiscal ha mostrado su preocupación porque el crimen organizado se está asentando cada vez más y sus estructuras son "auténticos poderes antagónicos y paralelos a los legales", que pretenden regir la vida de la sociedad de forma paralela.

Según el fiscal, el sistema legal actualmente es bueno pero las mafias son un fenómeno creciente, por lo que ha apostado por utilizar todos los mecanismos legales disponibles "sin complejos".

Ha defendido como una buena medida la incomunicación de un detenido en el caso de crimen organizado para cortar la relación con su abogado de referencia, porque éste sirve de "correa de transmisión" de las órdenes de la organización, y además esto no priva a la persona de su derecho de defensa.

Para él, las líneas fundamentales para luchar contra el crimen organizado son mejorar la cooperación judicial internacional, la especialización de los órganos de investigación y enjuiciamiento, sobre todo en el caso de los jueces creando por ejemplo los de instrucción especializados, y la regulación del decomiso de bienes.

Según el fiscal, el dinero que mueve en el mundo el crimen organizado asciende al billón de euros, lo que significa que si fuera un Estado, debería estar entre los miembros de un hipotético G-10.

Además, ha recordado que tan solo se decomisa un 20% de toda la droga que mueven las redes de narcotráfico, por lo que el resto genera unas ganancias enormes que llegan a los mercados.