vitoria. El Gobierno Vasco ha iniciado el camino de la reparación de las víctimas de motivación política, un mandato parlamentario impulsado por el propio PSE junto al resto de formaciones -excepto PP y UPyD- que le va a obligar a dejarse pelos en la gatera. Los populares han decidido presionar a los socialistas en esta materia, especialmente delicada, y ello ha llevado al Ejecutivo a moverse con pies de plomo a la hora de reconocer a este colectivo de damnificados por abusos policiales. Así, ayer la consejera de Justicia y portavoz del Ejecutivo Vasco, Idoia Mendia, trató de marcar un perfil cercano a la filosofía del acuerdo de bases mientras presentaba una iniciativa que investigará torturas sufridas por miembros de ETA, entre otros muchos supuestos aún por definir.

Mendia no dudó en afirmar que "el origen de toda la violencia es ETA". Lo dijo y lo reiteró hasta en dos ocasiones, aludiendo a las "circunstancias" en las que se produjeron los abusos policiales, para negar después "la teoría del conflicto" y rechazar la "equiparación" entre estas víctimas y las del terrorismo, dos cuestiones éstas últimas que, a diferencia de la primera, el PSE ha defendido desde que el Parlamento abordó la necesidad de reconocer a los damnificados por la violencia policial.

La portavoz del Ejecutivo resaltó la necesidad de "aclarar de qué víctimas estamos hablando", y recordó que la mayoría -heridos o asesinados en manifestaciones, controles de carretera o en comisaría-, carecían de cualquier vinculación política. El Gobierno quiere evitar así que la sociedad entienda que indemnizará y homenajeará a "terroristas que murieron manipulando una bomba o terroristas muertos en un enfrentamiento con la policía".

Sí indemnizará, en cambio, a las "víctimas-victimarios", miembros de ETA sometidos a torturas probadas -aunque Mendia dejó claro que no se les rendirá tributo-, y de ahí la vehemencia de un Ejecutivo que en materia de violencia política no puede hablar sin temor a la reacción del PP. Ayer, sin ir más lejos, el conservador Carlos Urquijo urgía al Gobierno a aclarar si la responsable de preparar las medidas de reparación a estas víctimas, la jurista Manuela Carmena, iba a ocupar una dirección específica, lo que supondría "equiparar en rango político a unas y otras víctimas". Para tranquilidad de Urquijo, Mendia aseguró que Carmena será asesora, con rango de viceconsejera, del Departamento de Derechos Humanos.

cercanía Su trabajo consistirá en preparar el decreto de ayudas que a finales de este año han de estar a disposición de las víctimas, y los criterios para acceder a las mismas, y a partir de 2012 dirigirá la política de atención a estas personas desde la "cercanía", según Mendia, quien señaló que ese decreto que ordenaba redactar el Parlamento serán en realidad dos. Así, primero se abordará la situación de quienes padecieron la violencia policial entre 1968 y 1978, un periodo "no democrático", según la consejera, y después se trabajará con el resto.

Para Carmena, que escapó por casualidad del atentado de la calle Atocha de Madrid que en 1977 que acabó con la vida de cinco abogados laboralistas de CCOO, será mucho más sencilla la elaboración del primer decreto que la del segundo. Nadie en la Cámara duda en responsabilizar al Estado de la violencia ejercida por los cuerpos policiales en el Franquismo y la primera fase de la Transición, pero a partir de ahí no hay acuerdo. El informe presentado en diciembre de 2010 por la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, fijaba a mitad de los años ochenta, aproximadamente, el momento en el que los policías que torturaron o asesinaron lo empezaron a hacer por su cuenta y riesgo y sin el aval del Estado. El PP no admite responsabilidades de los gobiernos democráticos, y a los nacionalistas ese límite temporal se les queda corto. Ayer Mendia confió en el perfil de Carmena para las ayudas lleguen "a quien debe recibirlas", y la jurista afirmó que "con la ayuda de todos los implicados" lo sabrá "hacer bien".