vitoria. Desde que el pasado mes de octubre el Gobierno Vasco presentó su primer borrador de Ley Municipal el mapa institucional de la CAV ha sufrido un vuelco sin precedentes que ha desbaratado completamente las previsiones del Ejecutivo sobre la futura composición que tendrá el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano que decide cómo se reparten los fondos públicos entre las instituciones de la comunidad.

Sin embargo, el triunfo del popular Javier de Andrés en Álava y, paradójicamente, la irrupción de Bildu, consolidarán el liderazgo del constitucionalismo frente al PNV en este foro cuando la nueva Ley entre en vigor, en ningún caso antes de la reunión del Consejo del primer trimestre del próximo año.

Con su proyecto de ley, el Gobierno pretende dar voz y voto a los ayuntamientos sobre el dinero que han de percibir de las haciendas vascas, otorgándoles una representación de tres sufragios frente al voto de cada diputado general y a los de los tres representantes del Gobierno Vasco. El texto prevé que esa representación municipal la ostenten los tres partidos más votados, y si antes de que el Tribunal Constitucional avalase el regreso de la izquierda abertzale a las instituciones el PP era el principal candidato a enviar a un alcalde a las reuniones del Consejo, ahora es Bildu quien consigue un puesto en la mesa por esa vía. Al lehendakari y al líder del PP, Antonio Basagoiti, que dedicaban un epígrafe de su acuerdo de bases a la necesaria aprobación de la Ley Municipal, se les torcía de este modo un modelo de representación municipal en el Consejo que abría sus puertas al PP.

Lo que pierden los conservadores en el ámbito municipal, sin embargo, lo ganan desde las diputaciones, al haber alcanzado Javier de Andrés el sillón foral en Álava. Así, el PNV se queda sólo frente al abertzale Martin Garitano y al diputado general alavés. Desde Lehendakaritza se defiende que estos cambios ocasionados por la urnas demuestran que "la gran virtualidad del proyecto de Ley es que no establece la presencia de fuerzas fijas en el Consejo".

Con la legislación actual, que se aplicará en la reunión del Consejo del 15 de octubre, los constitucionalistas ostentarán por primera vez la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante sus decisiones sobre el reparto del dinero recaudado entre los vascos. PSE y PP cuentan con los tres votos del Gobierno Vasco y con el del nuevo diputado general alavés, frente a Garitano y al diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao. La nueva Ley vendrá a consolidar esa posición de fuerza, pese a sumar a un alcalde del PNV, pues se incorporan un representante de Bildu y otro del PSE. Así, el constitucionalismo sumará cinco votos frente a los dos con que cuenta Bildu y a los dos de los jeltzales.

horizonte complejo Otra cosa es que PSE y PP se entiendan en materia de reparto de finanzas, pues ya han empezado a mostrar sus diferencias al menos en materia impositiva, ámbito en el que los socialistas se entienden mejor con Bildu y los populares con el PNV. Esta circunstancia viene a complicar aún más el escenario endiabladamente complejo que han dejado las elecciones del 22-M.

Antes era todo mucho más sencillo. Cuando el PNV gobernaba aún en Ajuria Enea, los jeltzales debatían consigo mismos, pues Álava era el único territorio con un color diferente y los alcaldes sólo acudían a las reuniones del Consejo Vasco de Finanzas a tomar apuntes. Luego entró el PSE en Ajuria Enea, y las reuniones se convirtieron en un "pasteleo", como dijo el consejero de Economía, Carlos Aguirre, entre jeltzales y socialistas.

El propio Aguirre dibujó un horizonte complicado y "apasionante" a la hora de tomar decisiones en un órgano tan desconocido entre el común de los ciudadanos como fundamental en la arquitectura institucional vasca, y en el que los municipios se incorporarán como una nueva fuerza a tener en cuenta si sale adelante el proyecto que se remitirá al Parlamento en septiembre.

La Ley que salga de la Cámara vasca -PSE y PP pueden sacarla adelante sin apoyos-, sólo podrá ser ya recurrida ante la comisión arbitral, a la que ya apelaron Bizkaia y Álava para paralizar, con éxito, el proyecto de ley del Gobierno de Juan José Ibarretxe.