Bilbao. Reprimenda del Tribunal Constitucional a José María Aznar. Aunque el expresidente del Gobierno español salió hace dos legislaturas de La Moncloa y, alejado de la primera línea de la vida política, dedica su tiempo a impartir conferencias y a asesorar a multinacionales y fondos de inversión, el exdirigente popular ha visto cómo el alto tribunal, en una sentencia fechada el día 5 y a la que ha tenido acceso este periódico, censura el modo en el que su gabinete reformó el Código Penal a finales de 2003 para atajar la propuesta del Nuevo Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi, popularmente conocido como Plan Ibarretxe.

En una sentencia de veinte folios, el Constitucional responde al recurso de amparo que medio centenar de senadores presentó hace ocho años contra el modus operandi con el que el Ejecutivo del PP llevó a cabo una reforma del Código Penal para tipificar el delito de "convocatoria ilegal de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum, así como el de su promoción o participación como interventores". Una variación penal que los populares efectuaron saltándose el recorrido legislativo que marca la ley, sin contar con el debate preceptivo en el Congreso y el Senado, además de prescindir del pronunciamiento de los órganos institucionales consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Un atajo que el TC anula en su fallo: "La decisión de la Mesa del Senado, negándose a realizar el juicio de homogeneidad de las enmiendas con el texto a enmendar solicitado por los senadores recurrentes, supuso una infracción de la legalidad parlamentaria".

Según añade el Constitucional en su fallo, la infracción en la que cayó el Gobierno de Aznar se ve confirmada "por el hecho patente de la más absoluta desconexión" entre el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje. Y es que el Gobierno popular aprovechó la tramitación de algunas leyes referidas a temas judiciales que a finales de 2003 se estaban llevando a cabo en la Cámara alta para introducir con carácter inmediato las reformas que ahora anula el Constitucional. Una respuesta desaforada y al margen de la ley la que efectuó el Gabinete de José María Aznar para responder al anunció que el lehendakari Juan José Ibarretxe realizó el 28 de octubre de ese año y que consistía en la convocatoria de un referéndum consultivo entre la sociedad vasca sobre el Nuevo Estatuto Político, texto que establecía una nueva relación entre Euskadi y el Estado español, pero que finalmente no se pudo celebrar.

Así, el plan de Aznar, impulsado por el entonces ministro de Justicia José María Michavilla, se materializó en un nuevo artículo del Código Penal, el 506 bis, que establecía penas de entre tres y cinco años de prisión y la inhabilitación absoluta por un periodo comprendido entre los seis y diez años a la autoridad que, "careciendo de competencias, convocase o autorizase elecciones generales, autonómicas, locales o consultas populares por vía de referéndum". Una reforma que estaba confeccionada ad hoc por los populares para frenar el denominado Plan Ibarretxe. Dentro de este artículo también se castigaba con penas de uno a tres años de prisión a la autoridad o funcionario que promoviera o asegurase el proceso electoral o la consulta.

La reforma del Código Penal que protagonizó el Gabinete de Aznar también introdujo, en el artículo 521 bis, un castigo de hasta un año de cárcel o una multa de 12 a 24 meses a los interventores o a quienes asegurasen la celebración de un referéndum. Unas variaciones legales que los populares efectuaron a última hora y de tapadillo, ya que las introdujeron dentro de la Ley de Arbitraje, en la que también se incluyó el artículo 576 bis, que sancionaba con penas de entre tres y cinco años de prisión a la autoridad que subvencionase con ayudas públicas a formaciones políticas ilegalizadas.

Bronca en el congreso José María Aznar hizo valer la mayoría absoluta en el Congreso para sacar adelante, el 18 de diciembre de 2003, con 179 votos a favor la reforma penal. La votación y la bronca que se montó en el hemiciclo es de las que se recuerda con el paso del tiempo, ya que los diputados de todos los grupos de la oposición rechazaron emitir su voto. Repasando las hemerotecas llaman la atención las instantáneas en la que muchos de los políticos, en lugar de pulsar el botón para emitir su sufragio, levantaron los brazos con las palmas abiertas en protesta por la tramitación de esta iniciativa que todas las formaciones, salvo el PP, consideraban irregular en su procedimiento.

Entre acusaciones de que Aznar estaba efectuando una "berlusconización de la democracia" al prescindir del debate que este tipo de iniciativas necesita, los diputados de Izquierda Unida pusieron la nota de color en la Cámara baja al mostrar una pancarta de grandes dimensiones con el lema Todos a la cárcel.