madrid. La Fiscalía de Madrid prevé citar a declarar en los próximos meses a los médicos y enfermeras, muchas de ellas monjas, implicados en el caso de los niños robados en hospitales entre 1969 y 1990.
Así lo adelantó el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, quien se reunió a lo largo del día con los siete fiscales que investigan las denuncias y el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, para poner en común los datos extraídos hasta ahora y estudiar la judicialzación del citado caso. La reunión de los fiscales está encaminada a unificar criterios para tener una respuesta unitaria para cada caso y remitir las denuncias a los juzgados ordinarios para su investigación.
La Fiscalía de Madrid es consciente de la dificultad que entraña este caso, pero su pretensión es "agotar todas las posibilidades". "Si no hay respuesta judicial se agotarán las vías de investigación para dar una respuesta social", recalcó Esteban. Por ello, se prevé llamar a declarar a los médicos que participaron en la supuesta sustracción de menores, así como las enfermeras que ayudaron a los mismos.
De las 150 denuncias que han llegado a la Fiscalía de Madrid "un buen número" de ellas han sido archivadas ante la dificultad de la investigación.
Esteban explicó también que en muchos de los casos investigados por el Ministerio Público faltan documentos y no hay verdadera "constancia de lo que pasó", ya que sólo existen certificados de defunción de bebés que luego, supuestamente, pasaron a ser enterrados en osarios comunes.
Asimismo, Esteban especificó que los delitos implicados en este caso serían falsedad documental, sustracción del menor y detención ilegal, pero en la mayoría de los casos estarían prescritos.
Además, si se acusa a una persona de detención ilegal por quedarse con un bebé que no es suyo, serían los padres no biológicos los imputados por ese delito, algo que no quieren las propias víctimas, dijo Esteban.
La Fiscalía lleva meses recabando información del Registro Civil y de diversos hospitales madrileños para acreditar los hechos contenidos en las denuncias.
La Fiscalía General del Estado anunció el pasado mes de enero que no abriría una investigación conjunta por los casos de bebés presuntamente robados durante las décadas de los años 50 a los 80. Así serán cada una de las fiscalías provinciales las que asuman el procedimiento si así lo deciden.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó el 27 de enero una denuncia conjunta con 261 casos de bebés presuntamente robados al nacer. La intención era que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, abriera una investigación a nivel nacional para intentar identificar a los responsbles de una supuesta red de robos de bebés en hospitales de toda España.
