madrid. El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que, bajo el principio de transparencia, ordenará auditar las cuentas (el dice "verificar el estado de las cuentas") de todas las comunidades y ayuntamientos que los populares heredan del PSOE. Además anunció que pedirá la urgente convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar las medidas que permitan la creación de empleo, las reformas educativas y la garantía de los servicios públicos.

Rajoy y sus barones regionales tomaron esta decisión en el transcurso de un almuerzo para diseñar la estrategia del partido en los territorios donde gobierna y gobernará tras el 22-M. Una estrategia basada en la austeridad con medidas que van desde la reducción en el número de consejerías al uso compartido de los coches oficiales, pero todo ello sin tocar el gasto social.

Según relató Rajoy en rueda de prensa, el PP también va a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir las medidas "urgentes y necesarias" a fin de lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2011.

Al mismo tiempo, el PP demanda la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local, de la que forma parte la FEMP, para que allí se analicen también las políticas de austeridad de los ayuntamientos y el cumplimiento de los límites de endeudamiento.

austeridad Rajoy considera que el 22-M los españoles eligieron al partido "que debe liderar la salida de la crisis con reformas que permitan impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y recuperar el prestigio de las instituciones". Un compromiso basado en tres principios: el ya citado de transparencia (auditoría de las cuentas), el de austeridad y el de empleo.

Para el líder del PP la austeridad es "hoy necesidad y virtud siempre", por lo que aspira a que sus comunidades fijen un techo de gasto, así como que acometan una reforma del sector público autonómico reduciendo el número de entes. Además el PP quiere limitar a un máximo de 10 el número de consejerías, reducir las delegaciones territoriales y disminuir el número de altos cargos y puestos de libre designación. Quiere también que cada comunidad y ayuntamiento apruebe un plan estratégico de racionalización del gasto corriente: reducción de gastos de representación y publicidad, racionalización del uso del teléfono móvil y disminución del parque móvil.