Bilbao. La izquierda abertzale oficial dio ayer un paso más en su apuesta política y rubricó junto a EA, Aralar, Alternativa y Abertzaleen Batasuna un acuerdo en el que piden a ETA que declare "un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional", que se entenderá como "expresión de voluntad para un definitivo abandono de la actividad armada". Junto a esta petición expresa a ETA del abadono de las armas, los firmantes del Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas, piden al Gobierno español la derogación de la Ley de Partidos y medidas penitenciaras que desemboquen en una amnistía. El texto, que se presentó en el Sala Lizeo de Gernika, lleva la rubrica de Rufi Etxeberria, por parte de la izquierda abertzale tradicional; el secretario general de EA, Pello Urizar; el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta;el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, y el representante de Abertzaleen Batasuna Jon Garai.

El documento comienza constantando que "Euskal Herria está viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas". Y en esa dirección, los firmantes aseguran que se deberá asentar en primer lugar una situación de no violencia con garantías. En este primer estadio en el que los firmantes del documento piden a ETA la declaración unilateral de un alto el fuego permanente y verificable "como una expresión de voluntad para el abandono definitivo de la actividad amada".

Si para ETA la petición expresa es una tregua que desemboque en el abandono definitivo de las armas, al Gobierno español se le reclama el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, permitiendo el desarrollo de "todos los proyectos políticos". En este sentido, exigen la derogación de la Ley de Partidos Políticos, al considerar que constituye "un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales".

Amnistía en el horizonte Uno de los puntos claves del acuerdo hace referencia a la actual política penitenciaria del Gobierno de Rodriguez Zapatero y la situación de los presos. En la cocina de este documento, Aralar pidió que en él se incluyiera la amnistía como último paso de una serie de medidas que ponen en solfa la actual política penitenciaria, que, en opinión de los firmantes de este acuerdo, estáa planteada hasta ahora "como parte de estrategias de confrontación". Entre las peticiones referentes a la situación de los presos se incluye el fin de la dispersión, la puesta en libertad de reclusos con graves enfermedades, la concesión de la libertad provisional para presos preventivos pendientes de juicio en prisión y de los penados que hayan cumplido los requisitos legales.

El acuerdo contempla también que, una vez el proceso avance y se "haya consolidado ese escenario de paz y normalización política suficientes", llegará el momento en que será "imprescindible activar espacios de dialogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto". Este diálogo del que se habla se regirá por los Principios Mitchell, que aboga por el uso de medios "exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas". Otro punto importante es el decisión de los firmantes de la "necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias".

Por último, los firmantes de este acuerdo se comprometieron a cumplirlo, así como a trabajar para que la sociedad vasca "lo haga suyo" y se sitúe como la única garante de la "evolución del proceso de solución democrática".