VITORIa. Apenas queda un año para que los vascos acudan a una nueva cita con las urnas y los partidos empiezan a mirar hacia adelante, en lugar de centrar su discurso en todo lo acontecido en un 2009 más que intenso en Euskadi.
Ayer en el Parlamento se pudo constatar que los grupos ya han tomado posiciones. Cada cual busca diferenciarse del resto, trata de lanzar mensajes claros y sucintos sobre su oferta ideológica o sobre los defectos del rival, y para ello los plenos de control son un escenario inmejorable. El esquema de pregunta, respuesta, réplica y contrarréplica es ágil y directo, permite acorralar al rival, pero también huir por un flanco sin mucha deshonra cuando le ponen a uno contra las cuerdas. En definitiva, se amolda como un guante al estilo del debate televisivo.
Al PSE le tocaba ayer hacer de sparring por su condición de partido gobernante, mientras que PNV y PP se enfundaron los guantes, lucieron sus siglas bien grandes en la bata y se lanzaron al ataque.
La estrategia del PNV pasa por una triple crítica al Gobierno Vasco. Los jeltzales creen que el PSE es esclavo del acuerdo de bases y que por tanto no lidera al país, y acusan además a los socialistas de querer convertir a los vascos en truchas de piscifactoría, todos iguales, como decía hace unos días Joseba Egibar. Ayer los nacionalistas golpearon al Ejecutivo por los tres lados. Amaia Arregi aseguró que si el Gobierno va a eliminar la Defensoría de la Igualdad es porque así se lo ha ordenado su socio. "Una vez más son rehenes del PP", aseguró la jeltzale.
Un partido que, gobernando, depende del visto bueno de otra formación, carece a ojos de los nacionalistas de la capacidad de liderazgo necesaria para sacar adelante al país en tiempos difíciles. En ese asalto fue Egibar quien entró al cuadrilátero. "No existe un programa de Gobierno, sino un compendio de quince documentos y un señor que cada dos meses va a Ajuria Enea a ver qué tal va la cosa", afirmó, en una cita que por otro lado no hace daño, más bien al contrario, a la imagen del PP.
"Hemos llegado a acuerdos con las diputaciones, con Eudel y con su propio partido", alegó el lehendakari en su defensa. Egibar no iba a recoger la tímida mano que le ofrecían, ya que para que el acuerdo presupuestario fuera algo más que "un pacto de no agresión" les tendrían que haber admitido alguna enmienda en la Cámara, cosa que no ocurrió. Así, el portavoz del PNV insistió en que en Euskadi no se gobierna, y dado que "usted no llega", le espetó al lehendakari, "cuente con otros organismos, como el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología". Egibar recordó que este foro iba a reunirse en enero, y que aún no lo ha hecho.
El tercer objetivo de desgaste, el identitario, se jugó en el terreno educativo y en el policial. Arantza Aurrekoetxea reivindicó el término Euskal Herria ante una Isabel Celaá que se defendió reivindicando la rama más vasquista del PSE. María Eugenia Arrizabalaga, por su parte, censuró al consejero de Interior que trajera a Arkaute a la Guardia Civil, y aseguró que "la normalización de la Ertzaintza viene de la cercanía con los tricornios".
En el PP, los avisos al Gobierno sobre su desvío del camino marcado por el acuerdo de bases son cada vez más frecuentes, aunque ambas formaciones hayan alabado la buena salud del pacto. Si el jueves Carlos Urquijo señalaba con enfado que el PP no iba a tragar así como así con el respaldo del PSE en el Parlamento a los cinco imputados de Egunkaria, ayer la falla en el consenso antiterrorista venía desde Ortuella. El PSE del ayuntamiento vizcaíno votó a favor de una resolución que pide que un ex preso de ETA no reingrese en prisión en virtud de la doctrina Parot.
Aunque según Rodolfo Ares esta persona "está alejada de la violencia terrorista y se ha arrepentido de sus decisiones", Urquijo no dudó en asegurar que la moción "chirría" por la firma socialista, y "choca con la Ley de Reparación y con el acuerdo firmado con el PP en la política contra el terrorismo y los espacios de impunidad". A Urquijo no le importa tanto "la penitencia del recluso" como el hecho de que "se cuestionen las decisiones judiciales" desde el partido que gobierna en Euskadi.
Ares reconoció no compartir "algunas valoraciones y expresiones del acuerdo", pero negó que la moción de Ortuella "debilite el trabajo que vamos a hacer para deslegitimar el terrorismo".
