Cuando participó en el asesinato de Sandra Palo, la joven discapacitada psíquica que fue secuestrada, violada, atropellada y quemada viva en Getafe, en 2003, El Rafita apenas tenía catorce años y ya llevaba media vida delinquiendo. La otra media se la ha pasado en un centro de menores y de piso en piso tutelado, en un régimen de libertad vigilada que nadie parece controlar. Sólo así se explica que haya sido detenido tres veces por robo, la última hace un par de semanas. Justo días antes de conceder una entrevista a una cadena de televisión. María del Mar Bermúdez, la madre de la víctima, no entiende por qué nadie frena este cúmulo de hirientes despropósitos y clama, con el apoyo de otros padres coraje y millones de firmas ciudadanas, la cadena perpetua para asesinos y pederastas y el endurecimiento de la Ley del Menor. Oída la voz de las víctimas, tienen la palabra los expertos.
Javier Urra > redactor de la ley
"Habría que endurecerla en los casos de violación y asesinato"
Participó en la redacción de la Ley del Menor pero, lejos de instalarse en la autocomplacencia, admite que se puede mejorar. "La modificaría porque es una demanda social absoluta", reconoce, antes de detallar los retoques. "Habría que endurecerla en los casos de violación y asesinato. Habría que plantearse que en el grupo de 12 a 14 años, en esos mismos casos, y en los multirreincidentes intervengan los juzgados, ya que los servicios sociales no consiguen su objetivo. También habría que valorar, cuando un joven de 17 a 18 años comete un hecho muy grave, su madurez para ser juzgado como menor o adulto", empieza a explicar.
Metido en harina, Javier Urra añade un nuevo cambio. "Que los jóvenes que cometan un delito y sean juzgados cuando tengan 18 años puedan ir a la cárcel, pero en una zona de jóvenes", puntualiza y pasa a justificar el motivo de la reforma. "Yo creo que hay que educar y quiero que se modifique la ley para que la gente se dé cuenta de que así no se van a resolver los problemas. Mientras no se cambie, la gente no va a tener ese mensaje. Entonces, modifíquese y luego analicemos otras cuestiones", tales como la necesidad de centros terapéuticos.
Convencido de que los medios implantados por las comunidades autónomas para reeducar a los delincuentes precoces "dan mucho resultado" -de hecho, dice, "el 87% de los menores no reincide"-, este psicólogo no oculta las excepciones. "Lo que pasa es que a veces llegan chicos muy complicados. Los problemas nacen antes, en la sociedad, en la familia, y una ley puede mejorar la situación, pero no hacer milagros", advierte.
Favorable a endurecer la ley para los delitos más graves, el que fuera primer Defensor del Menor en el Estado insiste en que "los casos como los de El Rafita son minoritarios". Aun así, defiende, "dado que generan tanta inseguridad y tanto dolor, vamos a dar otras posibilidades al juzgador, aunque estoy convencido de que no va a imponer la sanción máxima. Ni El Gitanillo que llevó los explosivos a Atocha fue sancionado con lo máximo que prevé la ley. No habrá muchos casos que cumplan más que ahora", adelanta.
Por más que se quieran aumentar las penas para evitar que menores con historiales manchados de sangre se paseen por la calle a la vuelta del calendario, Urra se vale del caso de El Rafita para llamar a la reflexión. "Si la ley, en vez de cuatro años, para su edad pusiera ocho, estaría privado de libertad, pero tampoco tenemos mucho margen. Cuando cometió ese hecho tan deleznable tenía 14 años. ¿Cuánto tiempo se le puede poner? ¿Tanto como el que ha vivido? Ésa es la pregunta que tiene que hacerse el ciudadano. ¿Cuánto tiempo aguanta un chaval en un centro y en cuánto tiempo se animaliza y odia a la sociedad y es más peligroso? Esto hay que estudiarlo".
Xabier Etxebarria > abogado
"No hay que buscar dureza, sino eficacia en la reeducación"
Consciente de que "a las víctimas muchas veces no se les hace ni caso", el abogado Xabier Etxebarria se muestra partidario de "escuchar su dolor y darles cauces para que expresen sus demandas dentro del sistema penal". No coincide con ellas, sin embargo, en la necesidad de reformar la Ley del Menor, ya que "las sanciones que se imponen ya son suficientemente duras". "No hay que buscar dureza, sino eficacia en la reeducación", defiende este profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, para quien hay que "mejorar los mecanismos que ya existen en la legislación".
Puesto a escudriñar el historial de El Rafita, este experto concluye que "no es cuestión de endurecer la ley", sino de controlar la libertad vigilada con los instrumentos previstos. "Hay que establecer unas obligaciones de formación y comportamiento. Ha habido una falta de control y si el chico se ha empezado a desmadrar, como parece, se le podría volver a internar en un centro. Está previsto en la ley", recalca.
Frente a las más de mil medidas que los menores cumplen al año en Euskadi, Etxebarria contrapone los "cinco casos" truculentos que han conmovido a la sociedad en los últimos años, entre ellos el del asesino de la katana o los de las dos niñas violadas por sendos grupos de menores en Córdoba y Sevilla. "En nueve años, se ha reformado la ley cuatro veces, endureciendo las sanciones con base en unos casos que suponen un porcentaje pequeñísimo. Cambiar constantemente la legislación que afecta a todos por unos pocos no es medir bien las cosas", opina, al tiempo que censura el "oportunismo político". "De repente, un aniversario -hace un año que desapareció Marta del Castillo- da lugar a un debate sobre la cadena perpetua. Estas cosas tienen que obedecer a un debate entre expertos con datos en la mesa, no a una rueda de prensa o un discurso que da lugar a que se acabe presentando en el Congreso una propuesta de reforma", tal y como hará el PP. "No parece un sistema legislativo muy científico ni riguroso", critica.
Edmundo Rodríguez > juez
"No se puede modificar porque en un caso haya fracasado"
Sabe que "no basta con apartar a los delincuentes juveniles un tiempo, meterlos en un centro de menores y olvidarnos de ellos". Por eso reclama no una reforma de la ley, sino "los centros, equipos de apoyo y planes de reinserción" necesarios para cumplir su objetivo. "Vivimos en una comunidad autónoma donde se han hecho inversiones de importancia, pero no ocurre lo mismo en el resto del Estado. Una ley puede ser estupenda, pero si no se la dota de medios, a lo mejor no funciona con la eficacia que se pretendía", argumenta Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia en Euskadi.
Tras constatar que la actual norma "da respuesta a los problemas de la inmensa mayoría de los delincuentes juveniles", este magistrado subraya que "lo que no se puede es modificar una ley porque en un caso concreto, que desde luego merece el mayor de los reproches, se haya producido un fracaso". Tampoco se muestra favorable a legalizar la cadena perpetua. "Es un error mayúsculo. Ningún sistema penal en el que se ha adoptado ha conseguido erradicar los delitos", afirma.
Acostumbrada a oír las opiniones de políticos, jueces, fiscales y abogados, la madre de Sandra Palo no varía un ápice su posición inicial. "Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Yo lo respeto, pero no lo comparto, porque no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar dentro de la plaza".