Vitoria. Hay casos y sucesos que no se olvidan, como la tragedia que derivó del proceso de reforma que convirtió la Virgen Blanca en el espacio moderno y diáfano que es hoy. En concreto, hace un año y 10 meses, una anciana de 87 años perdió su vida al sufrir un accidente en la plazuela provocado por una manguera que atravesaba la zona de tránsito de viandantes. La mujer tropezó con el obstáculo y sufrió un aparatoso golpe en el rostro del que en un primer momento se recuperó, pero que un día y medio después le provocó la muerte al causarle una hemorragia interna masiva. Al final, el Ayuntamiento indemnizó de forma subsidiaria a la familia de la fallecida con 55.000 euros, cantidad que ahora reclama el Consistorio a la empresa responsable de la obra, Mendigorri-Iruña.

Según se investigó en aquel momento, el accidente pudo deberse a que un operario elevó accidentalmente la manguera al paso de la anciana. El trabajador empleaba este elemento para humedecer el pavimento y ayudar de esta manera a fijar las losetas.

El accidente mortal que tuvo como consecuencia el fallecimiento de Emilia Grisaleña tras tropezar en la Virgen Blanca sí llegó a los tribunales, aunque en forma de pleito penal, que quedó finalmente archivado por la misma magistrada, la responsable del Juzgado de Instrucción número dos de Vitoria. A pesar de que el Ayuntamiento indemnizó a la familia de la víctima con 55.000 euros después de una serie de negociaciones, el archivo del pleito penal implicó que nadie resultará condenado por imprudencia, o por delito, por la forma en que las obras se llevaron a cabo.

De esta manera, aunque el Consistorio reconoció su cuota de responsabilidad en el accidente, evitó verse envuelto en un proceso civil. Una maniobra que no le impidió, de forma paralela, tratar de que el seguro de la empresa que ejecutó la reforma de la céntrica plaza gasteiztarra corriera con parte de los gastos ocasionados por la indemnización.

En su día, los familiares de la anciana Emilia Grisaleña interpusieron la correspondiente denuncia por lo sucedido ante la Policía Nacional. Por su parte, la Policía Municipal elaboró el obligatorio atestado, que remitió al Juzgado, aunque la juez del Juzgado de Instrucción número dos, tras decidir no tomar declaración a los presuntos implicados en la causa, acordó el archivo provisional penal.