MADRID. La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que actualmente se acogen 22,7 millones de hogares y pequeñas empresas, subirá a partir del 1 de enero el 2,64%, según informó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. En un comunicado, el Ministerio de Industria apuntó que la subida de la TUR sin discriminación horaria supondrá un incremento mensual de 89 céntimos para un consumidor tipo medio que se ajusta al perfil de consumo de unos 293 kilovatios/hora al año.
Por su parte, la TUR con discriminación horaria -antigua tarifa nocturna- no se encarecerá, al igual que las tarifas del gas natural para uso doméstico, que "subirán cero", según apuntó Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera recordó que los beneficiarios del bono social eléctrico tampoco sufrirán incrementos en su recibo de la luz, ya que éste congeló la factura eléctrica a precios de enero de 2009. Según los datos de Industria, los consumidores que tienen la antigua tarifa nocturna y los usuarios acogidos al bono social suman en conjunto 4,2 millones de hogares.
Estos cambios fueron aprobados ayer por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y están en línea con las previsiones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien recientemente apuntó que la luz podría subir el 2,7%.
En lo que respecta al gas natural para usuarios domésticos, las tarifas T1 (sin calefacción) y T2 (con calefacción) permanecerán invariables en su revisión trimestral.
luz verde al ATC Por otra parte el Ministerio de Industria ya tiene luz verde del Ejecutivo para convocar el concurso entre los municipios interesados en albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y su Centro Tecnológico Asociado, unas instalaciones que se construirán en cinco años y costarán 700 millones de euros.
La vicepresidenta primera avanzó que "unos cien" municipios ya se han interesado por este proyecto cuya construcción dará empleo a unas 300 personas.
Según explicó Fernández de la Vega, la construcción del ATC se hará en tres etapas: una primera de cinco años en la que se construirá el edificio de almacenamiento y un parque tecnológico; una segunda, con más instalaciones que estará disponible seis años después del inicio de la explotación del almacén, y una tercera, que funcionará 14 años después. La mandataria socialista destacó que el ATC, que guardará unas 2.700 toneladas de residuos de alta intensidad procedentes del combustible de las centrales, permitirá centralizar estos desechos de una manera "segura y económica", además de contribuir a "impulsar la zona del emplazamiento y a generar empleo e inversiones tecnológicas".
Por otra parte, el Gobierno prepara la reforma de varios aspectos de la Ley de Energía Nuclear, que establece nuevas definiciones sobre seguridad, vida de diseño y vida útil de las centrales, fija en 40 años el periodo de funcionamiento ordinario y establece la titularidad única de las autorizaciones de explotación de una instalación nuclear.
