Una de las consecuencias del progresivo envejecimiento es que aumenta también el volumen de población en situación de dependencia.
Álava no es una excepción a esta regla y a día de hoy ascienden ya a 13.297 las personas que cuentan con la valoración concedida por parte de la Diputación Foral, 103 más que a finales del pasado 2023.
Mirando un poco más atrás, eran 12.334 a finales de 2022 y 11.872 a finales de 2020.
Atendiendo a los registros demográficos, las personas dependientes suponen ya cerca del 4% de la población total del territorio histórico.
La mayoría, de grado I
La mayoría pertenece al grado I, la considerada moderada –un total de 5.726–, mientras que las que se encuentran en el grado II –dependencia severa– son ya 4.239. Las grandes dependientes –grado III–, 3.332.
Así se desprende de una respuesta remitida por el departamento de Políticas Sociales al grupo del Partido Popular en las Juntas Generales, a la que ha tenido acceso NOTICIAS DE ÁLAVA.
La información recoge también el dato de que a día de hoy son 497 las personas que han solicitado al ente foral la valoración de dependencia y se encuentran inmersas en este procedimiento. Además, otros 36 vecinos del territorio han pedido una revisión de su grado y están a la espera de la pertinente resolución.
Más personal, más agilidad
Pero más allá de lo evidente, de que la población alavesa se hace mayor y, en consecuencia, cada vez más personas pasan a la situación de dependencia, detrás del reciente incremento de casos se encuentra también el esfuerzo foral para reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de valoración.
De hecho, según los datos aportados por el área que dirige Gorka Urtaran a este medio, la Diputación alavesa se encuentra en la actualidad por primera vez desde antes de la pandemia por debajo de los 60 días de plazo para cumplir este trámite.
"Los datos reflejan que las medidas tomadas han dado resultado"
A fecha de hoy tarda 59,9 días en resolver, cuando a finales de marzo el plazo medio era de 61,2 y de enero, de 83,8. En octubre de 2023 se estiraba hasta los 89 días.
Esta notable reducción del plazo desde que se solicita la valoración hasta que llega la resolución del grado se encuentra, según explican los mismos medios, en los recientes refuerzos de personal.
“Uno de nuestros objetivos es que los servicios sociales sean accesibles, asequibles y de buena calidad. Y para que sean accesibles, tenemos que ser ágiles en las valoraciones, como paso previo fundamental al acceso a recursos y prestaciones. Los datos reflejan que las medidas tomadas han dado resultado”, celebra el propio Urtaran en declaraciones a DNA.
