Con el objetivo de promover la importancia del agua dulce en el planeta y la necesidad de proteger este preciado recurso, Naciones Unidas estableció el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Este año, bajo el lema Haciendo visible lo invisible, se centra en reivindicar el valor de las aguas subterráneas, que suponen el 98% de la totalidad del agua dulce disponible en estado líquido en la Tierra y, pese a ello, son aún unas grandes desconocidas y sus correcta gestión y utilización puede paliar en parte su escasez y el avance imparable de la sequía.

Greenpeace recuerda que las aguas subterráneas constituyen ya el 50% del volumen de agua extraída para uso doméstico y el 25% del agua extraída para el riego; no obstante, a pesar de su importancia y de ser una reserva estratégica, la gestión de las aguas subterráneas es deficiente y su estado de sobreexplotación preocupante, señala el Informe Mundial de las ONU sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

En España la situación y gestión de las aguas subterráneas, como la del conjunto de los recursos hídricos, sigue siendo preocupante. De hecho, el propio Gobierno reconoce que un 40% de las masas de agua superficial (ríos, lagos y aguas costeras) y un 45% de las masas de agua subterránea no se encuentran en buen estado.

Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, señala al respecto que "es urgente trabajar y actuar para revertir esta situación. De lo contrario se pone en grave riesgo el abastecimiento humano, la producción de alimentos y la supervivencia de muchos de los ecosistemas de nuestro país".

A este problema, ya estructural del estado, de las masas de agua, se une el hecho de que, de acuerdo a los últimos datos de Aemet, la Agencia de Meteorología, España se encuentra en estado de "sequía meteorológica" al haberse registrado en este invierno una reducción de lluvias del 55% y al ser el segundo más seco en las seis décadas de las que tenemos registros.

A pesar de las lluvias de los últimos días, el agua embalsada apenas supera el 44% de la capacidad de los pantanos y el Gobierno acaba de aprobar un nuevo decreto por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.

El impacto de las sequías ha aumentado en todo el mundo y especialmente en las regiones del sur mediterráneo, debido al aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. Además se incrementan otros peligros naturales con especial incidencia en España, como las olas de calor y los incendios forestales.

Peticiones al Gobierno

Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía han propuesto una serie de demandas a las administraciones responsables de la gestión del agua para proteger y garantizar el acceso equitativo y de calidad al agua a todas las personas y ecosistemas:

  • Superar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica que responda al actual contexto de cambio climático.
  • Luchar contra el grave estado de sobreexplotación y contaminación que sufren nuestras aguas y prestar especial atención a las aguas subterráneas, al ser reservas estratégicas y aún muy desconocidas.
  • Reducir nuestra vulnerabilidad al riesgo de sequía, aminorando la cantidad total de agua consumida, fundamentalmente por el regadío al ser éste el mayor consumidor (80% del total).
  • Incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso agua y de los riesgos hídricos, a través de procesos participativos reales y asambleas ciudadanas.
  • Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
  • Cerrar el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía española.
  • Orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo de agua, a través de una transición hidrológica justa.
  • Establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030.
  • Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
  • Aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal -que debe centrarse en la planificación y protección de los recursos hídricos- para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección de suelo y agua.