La Comisión Europea ha reiterado este miércoles que no tiene competencias para investigar o pronunciarse sobre los 379 casos de asesinatos todavía sin resolver cometidos por el grupo terrorista ETA en el Estado español, un reclamo por el que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya envió una misión al País Vasco y Madrid en noviembre de 2021.
"La cuestión de la responsabilidad penal para determinar si alguien es culpable o inocente cae exclusivamente en el ámbito de las competencias de los Estados miembros", explica una funcionaria de la dirección general de Interior de la Comisión Europea.
"Las instituciones europeas no tienen autoridad para intervenir en el funcionamiento cotidiano de los sistemas de Justicia penal nacionales", añade esta funcionaria ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara, donde hoy se ha vuelto a abordar esta petición presentada por el abogado de la asociación Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias.
En cualquier caso, sí ha recalcado que la Unión Europea logró a finales de 2025 un acuerdo para revisar la directiva comunitaria sobre derechos de las víctimas, que debería garantizar "un mayor apoyo y acceso a la información y un acceso más sencillo a la justicia por parte de las víctimas de cualquier tipo de delito", incluyendo los terroristas.
Petición de Dignidad y Justicia
La petición de Dignidad y Justicia, que este miércoles no ha enviado ningún representante a defender su reclamo ante los eurodiputados, llegó inicialmente a manos de esta comisión parlamentaria en 2021.
El informe de la misión que se envió a Euskadi y Madrid ese año para explorar la cuestión recomendó al Estado explorar la posibilidad de reconocer los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables aunque fuesen cometidos antes de que esta figura entrase en el Código Penal.
Esta opción ya ha sido descartada por la Audiencia Nacional porque buena parte de esos 379 asesinatos datan de finales de los 70 y principios de los 80, cuando era mucho más difícil investigar estos crímenes debido a la falta de recursos, por lo que no podrían juzgarse bajo una definición incluida en el Código Penal en 2004.
Entre los eurodiputados que debatieron la petición, la popular Elena Nevado planteó que la comisión parlamentaria pregunte al Estado cuántos homenajes se han hecho a terroristas excarcelados cuando salen de prisión y cuántos homenajes ha hecho el Gobierno a asesinados por ETA, así como si en el Estado español se cumple la normativa europea en este sentido.
"Mientras cientos de familias siguen esperando justicia, lo que ven es a un Gobierno dispuesto a pagar peajes políticos a quienes jamás han condenado estos asesinatos ni han pedido perdón por ello, favoreciendo decisiones que humillan a las víctimas y que benefician a los verdugos", criticó Nevado.
PSOE
Desde el PSOE, la eurodiputada Sandra Gómez ha compartido que la petición "representa una legítima demanda de verdad, de justicia y de reparación", pero recalca que las víctimas merecen "respeto y que no se las utilice".
"Es evidente la instrumentalización que hace continuamente la derecha del dolor de las víctimas. Me ha sorprendido que no esté el peticionario", afirma Gómez, quien también destaca que la petición "se ha debatido varias veces e incluso hubo una misión con unas conclusiones debatidas y aprobadas".
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, por su parte, ha criticado que el Gobierno no haya dado seguimiento a las recomendaciones de la misión de 2021 que sugiere, entre otras ideas, que los beneficios penitenciarios y el tratamiento que se pueda conceder a los condenados de ETA se vinculen a "su colaboración en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento".
"Nada de esto ha cumplido, pero no les ha preocupado amnistiar a golpistas, indultar a agresores del colectivo antifa o regularizar a miles de inmigrantes ilegales. Para eso forzar un poco la ley no le preocupa", critica.
