La Comisión Europea confirmó este viernes que mantendrá el procedimiento de infracción abierto al Estado español por la opa de BBVA sobre Sabadell pese al fracaso de la misma puesto que el expediente se inició en relación a la legislación española usada en el caso, que incumple la normativa comunitaria.
El Ejecutivo comunitario rehusó pronunciarse sobre el resultado de la operación, pero dejó claro que el procedimiento de infracción "continúa", según señaló el portavoz comunitario de Servicios Financieros, Olof Gill, en la rueda de prensa diaria de la institución.
Recordó que el expediente se abrió en relación con ciertas disposiciones de la legislación española que, en opinión de la Comisión, "infringen la ley europea", en concreto la regulación bancaria por "infringir competencias exclusivas del Banco central Europeo y los supervisores nacionales" al tiempo que "restringe la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales".
El portavoz rehusó pronunciarse sobre si las condiciones establecidas por el Gobierno para la operación habrían afectado a su viabilidad, pero recordó que el Ejecutivo comunitario considera que la consolidación bancaria, tanto a nivel doméstico como transfronterizo, podría ayudar a mejorar la eficiencia y rentabilidad de las entidades y, por ende, la economía europea.
El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al obtener el respaldo de solo el 25,47 % del capital de la entidad catalana, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 % que le hubiese dado el control del banco, con lo que la oferta queda sin efecto.
Acusó a la opa de infringir varias normas comunitarias
La Comisión Europea había abierto en julio un procedimiento de infracción al Estado por considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa del BBVA sobre el Sabadell infringen varias normas comunitarias, entre otras, las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.
Bruselas ve problemático, en concreto, el modo en que el Gobierno aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones.
Además considera que la legislación bancaria española usada en el caso otorga al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo en operaciones como la propuesta por el BBVA.
El Gobierno español tenía dos meses para responder a la carta de emplazamiento que le envió el Ejecutivo comunitario, en principio hasta el 17 de septiembre, pero solicitó una prórroga de seis semanas para remitir su réplica que ha sido aceptada por Bruselas, con lo que ahora tiene hasta el 29 de octubre para enviarla.
La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, dijo la semana pasada que el caso "ha evolucionado positivamente" y subrayó que "la decisión del Gobierno español no era intentar impedir la fusión" y que "BBVA estuvo de acuerdo con las condiciones impuestas". Pero ya precisó que el procedimiento de infracción "sigue en marcha" en relación con las condiciones adoptadas por el Gobierno.
