- La Comisión Europea (CE) activó ayer el procedimiento contra Hungría que podría desembocar en la suspensión de fondos comunitarios asignados a Budapest si no soluciona deficiencias del Estado de derecho con los procesos de contratación pública, corrupción, fraude y falta de transparencia o rendición de cuentas.

La CE envió a Hungría la “notificación formal” que activa el mecanismo de la Unión Europea (UE) para proteger su propio presupuesto ante el “constante fracaso” por parte del Gobierno de Viktor Orbán para resolver una serie de “preocupaciones graves” durante un periodo de más de diez años, explicaron.

Es la primera vez que la Comisión hace uso del reglamento que desde el 1 de enero de 2021 condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho y que fue avalado a mediados de febrero por la Justicia europea, que rechazó entonces los recursos de Budapest y también de Varsovia.

En este contexto, la CE inició el proceso contra Hungría por deficiencias en el sistema nacional de contratación pública, en especial en la función de las autoridades que aplican el presupuesto europeo, su control, auditoría y supervisión y la falta de transparencia y rendición de cuentas.

También identificó problemas por la ausencia de un marco adecuado contra la corrupción y el fraude y de sistemas efectivos de investigación y enjuiciamiento, todas estas vulneraciones identificadas desde hace años por las autoridades europeas pero cuyas recomendaciones han sido “ignoradas año tras año” por Orbán.

Con la carta de notificación enviada ayer a Budapest se abre formalmente un procedimiento que podría durar entre cinco y nueve meses y culminar con la suspensión de fondos de recuperación o del presupuesto comunitario para Hungría.

Las autoridades húngaras cuentan ahora con dos meses para responder a las preocupaciones de Bruselas y proponer solución a los problemas identificados. La Comisión tendrá un mes para evaluar estas propuestas y, si considera que no resuelven el problema, podrá dar una segunda oportunidad a Budapest para plantear otros remedios.

En caso de que este diálogo no permita cerrar el expediente, el Ejecutivo comunitario podrá en última instancia pedir que se congelen ciertos pagos, momento en que la pelota pasa al tejado del Consejo (los Estados miembros) que deberá aprobar la medida por mayoría cualificada.

Sin embargo, la Comisión prefiere por el momento no aventurarse a estimar cuál será la cantidad de fondos que quedarían suspendidos llegado ese punto, puesto que no existe un “vínculo directo” y, además del dinero afectado directamente por las vulneraciones del Estado de derecho, el montante también depende de la “naturaleza” y gravedad de las mismas. En cualquier caso, una eventual congelación de los desembolsos afectará tanto a los fondos previstos en el presupuesto actual de la UE (periodo 2021-2027) como aquellos contemplados en el marco anterior (2014-2020) pero que tengan lugar en la actualidad, algo cuya legalidad ponía en duda el Gobierno húngaro.

Bruselas había enviado ya en noviembre pasado una carta informal a Hungría y Polonia pidiéndoles información sobre la situación del Estado de derecho, pero de momento no ha activado formalmente el procedimiento contra Varsovia, dónde la principal preocupación es la independencia judicial.