- El recurso creciente del Estado francés a las consultoras privadas quedó ayer en manos de la Justicia y dio un nuevo giro a la campaña electoral al salpicar de forma indirecta al presidente y actual favorito a la reelección, Emmanuel Macron.
Hasta ahora la polémica había alimentado solo la crítica de sus rivales en los comicios del 10 y 24 de abril, pero la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) fue más allá al anunciar que ha abierto una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades.
Sus pesquisas por blanqueo agravado de fraude fiscal no identifican a ninguna asesoría en particular, pero son resultado de un informe presentado por una comisión de investigación del Senado sobre “la influencia creciente” de las asesorías en las políticas públicas.
En esa Cámara es mayoritario el partido conservador Los Republicanos, en la oposición, y su análisis reprochaba al Ejecutivo recurrir a ese tipo de empresas ahora sospechosas, en particular a la estadounidense McKinsey, incluso cuando la propia administración podía ejecutar la labor.
Ese documento apuntaba que el Gobierno de Macron duplicó desde 2018 el recurso a las consultoras privadas, hasta los casi 1.000 millones de euros anuales, sin la transparencia suficiente, y denunciaba además que McKinsey no habría pagado el impuesto de sociedades en Francia desde hace una década. Tras conocer el anuncio de la Fiscalía, el Gobierno se apresuró a intentar desmarcarse de cualquier posible irregularidad.
“Desde el principio hemos pedido que se esclarezca toda la verdad sobre las prácticas fiscales de esa consultora. La investigación de la Fiscalía se inscribe en esa misma línea. Ese gabinete pagará lo que deba pagar”, dijo el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal.
El Gobierno acudió a McKinsey y consultoras similares para organizar las campañas de vacunación contra la covid y otras operaciones logísticas durante la pandemia.
