- La Comisión Europea (CE) clasificó ayer como energías “sostenibles y verdes” las centrales nucleares y ciertas plantas de generación eléctrica a partir de gas, una interpretación que difiere de la opinión de los expertos consultados por Bruselas pero que satisface en gran medida las demandas de Francia y Alemania, la primera referencia a las nucleares y la segunda al gas.
“Hemos encontrado un equilibrio entre opiniones fundamentalmente diferentes a la hora de apoyar el camino hacia la descarbonización”, dijo la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinnes, al presentar en rueda de prensa la propuesta. La comisaria defendió que la Unión Europea (UE) debe “actuar con todos los medios a su disposición” para lograr este objetivo y “abandonar cuanto antes” las energías altas en emisiones, aunque para hacer la transición haya que “aceptar soluciones imperfectas”.
El Ejecutivo comunitario considera sostenibles las centrales nucleares con permiso de construcción en la UE antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Tras enviar el pasado 31 de diciembre un primer borrador a los países, el Parlamento Europeo y a una plataforma de expertos que asesora a la Comisión Europea en el diseño de esta clasificación de inversiones sostenibles, Bruselas ha incluido algunos “ajustes técnicos” menores. Pero ha dejado inalterado el grueso de la propuesta pese a que la citada plataforma, donde la propia Comisión dice haber reunido a “los principales expertos mundiales en sostenibilidad” desde el sector empresarial a las ONG y la sociedad civil o la academia, rechazó la semana pasada que esas fuentes de generación queden al mismo nivel de que las renovables.
Ante las reservas de la plataforma de expertos, Bruselas defiende que el acto delegado adoptado por el Colegio de Comisarios fija “estrictas condiciones” para el gas y la energía nuclear, al tiempo que prevé sanciones para las compañías que no cumplan. Sin embargo, desoye las recomendaciones del grupo asesor creado por el propio Ejecutivo comunitario, que en su evaluación pide reducir los niveles de emisiones fijados en 270 gramos de CO2/kWh para plantas de gas hasta los 100 gramos de CO2/kWh.
La medida, presentada como una “decisión colegiada”, salió adelante por mayoría simple, con los votos en contra del vicepresidente y Alto Representante de la UE, Josep Borrell; la comisaria de Cohesión, la socialista portuguesa Elisa Ferreira; y el comisario de Presupuestos, el conservador austríaco Johannes Hahn.
A partir de ahora se abre un periodo de cuatro meses, prorrogable dos más, tras el cual entrará en vigor salvo que lo tumbe una mayoría simple del Parlamento Europeo o una mayoría inversa de 20 países que sumen al menos el 65% de la población de la UE. Si bien Francia y Alemania respaldan el proyecto, España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionan claramente en contra.
En su comparecencia, McGuiness insistió en que se trata de un instrumento financiero que ofrece un sistema “voluntario” por los inversores serán “libres de elegir si invierten o no” en proyectos con energía nuclear o gas y los países, libres de escoger su propio mix energético.
Central de gas
El proyecto final adoptado por la Comisión Europea amplía la posibilidad de seguir construyendo centrales de ciclo combinado de gas hasta 2035, frente los límites fijados en el borrador en dos etapas: 2026 y 2030. Con todo, se condiciona este nuevo horizonte al cambio del combustible de estas plantas de energía de gas a gas de bajas emisiones de carbono o hidrógeno. Estas instalaciones sólo podrán ser construidas en países donde sustituyan a centrales de carbón o que utilicen combustibles fósiles altamente contaminantes, pero no sería una opción para los nueve Estados miembro que ya han dejado atrás el carbón.
Nucleares
Por lo que respecta a la energía nuclear, la revisión de la norma adoptada, además, permitirá seguir invirtiendo en la construcción de centrales nucleares hasta 2045 si bien establece una cláusula de revisión para la industria nuclear que prevé realizar un seguimiento del tratamiento de los residuos más peligrosos.
