- La Comisión Europea (CE) está examinando el principio de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre la situación en Gibraltar una vez consumado por completo el brexit, aunque aún no dispone de un calendario sobre cuándo pedirá a los países un mandato para empezar las negociaciones para formalizarlo.

"La Comisión Europea está examinando el acuerdo alcanzado en principio en Nochevieja entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. No tengo un calendario específico para aportar en este momento, pero estamos trabajando en ello con vistas a pedirle al Consejo un mandato para comenzar las negociaciones formales", dijo ayer en rueda de prensa el portavoz comunitario para el brexit, Daniel Ferrie.

El acuerdo cerrado el pasado jueves permite la aplicación a Gibraltar de políticas y programas de la Unión Europea (UE) y supone que España es la "responsable última y la garante" de la aplicación de Schengen en Gibraltar, ya que Reino Unido no forma parte de este espacio de libre tránsito.

Con el principio del acuerdo Gibraltar tendrá controles Schengen en el puerto y en el aeropuerto, y durante un periodo de transición de cuatro años agentes de la agencia europea Frontex asistirán en esos controles.

Tras cerrar este principio de acuerdo con el Reino Unido, España ha solicitado a la Unión Europea que se consolide en un tratado negociado entre la UE y el Reino Unido que, se prevé, estaría listo en un plazo de seis meses. Mientras tanto, se recurrirá a modalidades Schengen para flexibilizar los controles en la verja.

Por su parte, la Junta de Andalucía pidió ayer al Gobierno que explique la "letra pequeña" del acuerdo del brexit sobre Gibraltar y adelantó que permanecerá muy vigilante para defender los derechos de los 15.000 trabajadores de la comarca a los que afecta.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, expresó la preocupación de la Junta por el cumplimiento que haga del acuerdo en Gibraltar, después de que el ministro principal gibraltareó, Fabian Picardo, haya avisado que España no tendrá capacidad de decisión ni control sobre el puerto ni el aeropuerto del Peñón. "Los acuerdos hay que cumplirlos por ambas partes", quiso zanjar el consejero de la Presidencia.