- El primer ministro británico, Boris Johnson, acusó a la Unión Europea de querer “dividir” Reino Unido y pidió al Parlamento aprobar el proyecto de ley en disputa cuanto antes para hacer que Bruselas “retire sus amenazas de la mesa” después de que los Veintisiete dieran hasta finales de mes a Londres para que revisara el texto por considerar que pone en duda varias disposiciones del acuerdo del brexit.
En un artículo publicado en The Telegraph, el premier sostuvo que pese al acuerdo y al mecanismo de seguridad previsto para Irlanda del Norte -el llamado backstop-, “ahora escuchamos que a menos que accedamos a los términos de la UE, la UE usará una interpretación extrema del protocolo sobre Irlanda del Norte para imponer una frontera comercial total bajo el mar de Irlanda”. “Nos están diciendo que la UE no solo impondrá tarifas sobre nuestros bienes que vayan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, sino que podrían en realidad detener el transporte de productos alimentarios” entre ambas partes del país, subrayó Johnson.
“No podemos dejar el poder de romper nuestro país en manos de una organización internacional”, sostuvo Johnson, subrayando que el Gobierno tiene que proteger al país “de ese desastre” y por ello formuló la nueva ley de mercado interior, una “red de seguridad legal” con la que pretende “resolver las inconsistencias”. El premier insistió en que la ley “protege el crecimiento en todo Reino Unido al prevenir barreras comerciales entre sus naciones y regiones”. Se trata, en palabras de Johnson, de una ley “vital”, por lo que defendió la necesidad de sacarla adelante. Así, advirtió a los parlamentarios conservadores. Les conminó a sacarla adelante para acabar con “cualquier malentendido” y “hacer que la UE retire sus amenazas de la mesa”. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de vigilar el cumplimiento del acuerdo del brexit, Maros Sefcovic, trasladó el jueves al Gobierno británico el ultimátum de los Veintisiete, que amenazan con emprender las acciones legales oportunas.
Bruselas criticó que el proyecto de Ley “constituye una violación grave del Acuerdo de Retirada y del Derecho Internacional”.