El ejecutivo escocés, presidido por la nacionalista Nicola Sturgeon, ha descartado abandonar su campaña de presión para conseguir lo que considera un referéndum necesario, dada la mayoritaria oposición que existe en Escocia a abandonar la Unión Europea y la inminente retirada del bloque comunitario con el brexit, prevista para el 31 de enero.
Los próximos pasos de Sturgeon
La ministra principal adelantó que "a finales de este mes" el Gobierno escocés llevará la convocatoria de un nuevo referéndum ante el Parlamento escocés para que avale el "derecho a decidir" y expondrá "la respuesta y los siguientes pasos" a seguir. Si bien Sturgeon calificaba la negativa de Johnson como "poco sorprendente", pues el primer ministro británico la convirtió en promesa electoral durante la reciente campaña, augura que esta postura "no es políticamente sostenible", por el "mandato democrático" para impulsar la consulta que, sostiene, tiene su Ejecutivo. En las elecciones generales del mes pasado, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), que lidera Sturgeon, fue el más votado en Escocia al conseguir 48 de los 59 escaños reservados a esta nación en el Parlamento de Westminster.
¿Acudirán a los tribunales?
En caso de que Londres mantenga su negativa, Sturgeon no ha descartado recurrir a la justicia para obligar al Gobierno británico a sentarse a negociar un plebiscito; sin embargo, algunos expertos legales señalan que no serviría de nada. Aileen McHarg y Chris McCorkindale, académicos de la Universidad de Strathclyde, presentaron este lunes un informe que concluye que una demanda de este tipo probablemente fracasaría al tratarse de una cuestión política sobre la que los tribunales -al contrario que en España- no se pronunciarían. No obstante, precisaron que no hay precedentes, por lo que es posible que el Gobierno escocés quiera explorar todos los resquicios legales.
¿Se puede celebrar sin acuerdo?
El Gobierno británico debe dar su permiso para que se active la sección 30 del ordenamiento jurídico que transferiría al Parlamento escocés las competencias necesarias en materia de plebiscitos, igual que se hizo en 2014, cuando el 55% votó en contra de la separación. Aunque en la Cámara escocesa el SNP cuenta con el apoyo de Los Verdes para sacar adelante votaciones sobre la independencia, esto no es suficiente para convocar un referéndum. La ministra principal ha descartado esta opción, porque su objetivo es organizar un plebiscito acordado con Londres que cumpla con la legalidad y cuyo resultado sea vinculante y reconocido internacionalmente, a imagen del que tuvo lugar hace cinco años y cuyos términos se pactaron en el llamado Acuerdo de Edimburgo.
No a la vía catalana
Sturgeon ha declarado que no contempla una vía similar a la seguida en Cataluña, ya que ha dicho que demuestra que "no conduce a la independencia". Los ayuntamientos escoceses, a quien correspondería organizar los aspectos logísticos de la votación, podrían poner obstáculos a esta opción, además de que los votantes contrarios a la independencia probablemente no acudirían a las urnas, por lo que no serviría para tomar el pulso a la cuestión.
Si se excluye a los indecisos, el promedio de encuestas de 2019 arroja un 51% en contra de la independencia frente a un 49 % a favor. La media de 2018 fue del 55 % frente al 45 % (igual que en el referéndum de 2014), lo que indicaría que sí hay un aumento del apoyo a la secesión. Las expectativas del SNP son que el brexit, combinado con la impopularidad de Johnson en Escocia, impulsen el secesionismo.
Con la mirada puesta en 2021
Pese a que la intención del SNP es que el referéndum se celebre a finales de este año, los analistas consideran que sus aspiraciones podrían tener que esperar hasta la primavera de 2021, tras las elecciones escocesas previstas para mayo. En ese escenario, coinciden en que la contienda electoral se concebirá como un referéndum sobre el referéndum, ya que si el SNP consigue la mayoría por sí solo o con el apoyo de Los Verdes, será muy difícil que el Gobierno británico mantenga su negativa a que Escocia pueda decidir de nuevo su estatus constitucional.