Este jueves se hacía pública la detención el pasado 19 de septiembre por parte de los Mossos de Manuel Murillo, de 63 años, un francotirador que había anunciado su intención de atentar contra el presidente Pedro Sánchez, en venganza por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
El detenido, que tenía un arsenal de armas en su casa, fue enviado a prisión.
Los Mossos remitieron un atestado al juzgado de guardia para que decidiera si la causa era competencia de la justicia ordinaria o, por el contrario, de la Audiencia Nacional, que lleva las investigaciones por terrorismo. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa (Barcelona) rechazó inhibirse a la Audiencia Nacional o pedir un informe a la Fiscalía para que se pronunciase al respecto y abrió una investigación al francotirador, por los delitos de conspiración para atentar contra la autoridad con uso de arma, amenazas graves, tenencia ilícita de armas, municipios y explosivos, así como incitación al odio.
Por el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional evita pronunciarse sobre la naturaleza de los hechos.
En redes sociales ha chocado que no se haya considerado el delito de terrorismo, como si se ha hecho en casos como los tuits de Carrero Blanco de Cassandra, los titiriteros Raúl Garíca y Alfonso Lázaro de la Fuente, los raperos Pablo Hasel o Valtonyc, o la pelea de Alsasua.
