El CGPJ ve inviable vigilar a maltratadores reincidentes

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),Esther Erice, considera inviable establecer un seguimiento particular a los maltratadores reincidentes una vez han cumplido íntegramente su condena. Argumenta que el ordenamiento jurídico español, en línea con el de los países del entorno, se basa en la sanción de hechos concretos y en la valoración de la peligrosidad dentro del proceso penal, pero no contempla medidas adicionales de carácter jurisdiccional cuando la pena ya se ha extinguido, salvo en supuestos excepcionales.

Sus palabras llegan después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, planteara la necesidad de aplicar un control “muy particular” sobre los agresores reincidentes tras su salida de prisión. Frente a esta propuesta, Erice insiste en que el margen de actuación legal se circunscribe al periodo en el que el procedimiento está en marcha o la condena se encuentra en fase de cumplimiento. Una vez superado ese umbral, subraya, no es posible articular mecanismos de vigilancia individualizados desde el ámbito judicial.

El contexto en el que se produce este debate es especialmente delicado. En lo que va de 2026, catorce mujeres y tres menores han sido asesinados en casos de violencia de género. La vocal reconoce que se trata de un arranque de año “muy duro”, aunque matiza que el periodo analizado todavía es insuficiente para determinar si existe una tendencia consolidada al alza. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad ha activado un plan de actuación urgente y mantiene reuniones técnicas con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para estudiar cada caso al detalle y detectar posibles fallos en el sistema de protección.

Intervención integral

De ese análisis se desprende una conclusión que Erice considera clave: la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 no se ha desarrollado en toda su extensión más de dos décadas después. Por ello, reclama su aplicación completa y efectiva. A su juicio, el problema no puede abordarse únicamente desde el ámbito judicial o policial, ya que la propia ley contempla una respuesta integral que implica a otros sectores.

En este sentido, pone el foco en la necesidad de reforzar la implicación de los sistemas sanitario y social, capaces de identificar señales tempranas de riesgo antes de que los casos lleguen a los tribunales. La detección precoz puede marcar la diferencia. De ahí que subraye la importancia de que los indicios de violencia queden reflejados en historiales clínicos o informes sociales, ya que esos datos pueden adquirir posteriormente valor probatorio en sede judicial.

En relación con las órdenes de alejamiento, Erice rechaza la idea de establecer criterios uniformes. La propuesta de fijar una distancia mínima de 350 metros no le parece una solución válida para todos los casos. Argumenta que la eficacia de estas medidas depende de múltiples factores: el nivel de riesgo, las circunstancias personales o incluso las condiciones del territorio, incluida la cobertura de los dispositivos tecnológicos de control. En esta línea, el Observatorio trabaja en la elaboración de un mapa de zonas con menor conectividad que permita ajustar las medidas de seguridad a cada territorio.

Violencia vicaria

Otro de los frentes abiertos es la violencia vicaria. Un primer anteproyecto legislativo no prosperó, pero un nuevo texto ha sido remitido recientemente al CGPJ para su evaluación. El objetivo es reforzar la protección frente a una de las formas más extremas de violencia de género, en la que los hijos se convierten en instrumento de daño.

Precisamente, la situación de los menores huérfanos tras estos crímenes es otra de las preocupaciones señaladas por Essther Erice. La vocal defiende la necesidad de garantizar un acompañamiento prolongado, tanto en el planoeconómico como en el personal, hasta que puedan alcanzar una verdadera independencia y completar su formación o acceso al mercado laboral.

Los datos reflejan la persistencia del problema. En 2025, una mujer fue asesinada cada 7,4 días, y desde 2003 la media se sitúa en un caso cada 6,3 días. Además, alrededor del 80% de las víctimas convivían con su agresor y muchas no habían presentado denuncia previa. Para Erice, este hecho pone de relieve las enormes dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres para dar ese paso.

Pese a la gravedad de las cifras, apunta a algunos elementos de evolución positiva. Desde 2015 se aprecia una tendencia descendente en el número de mujeres asesinadas, lo que atribuye al efecto de las medidas adoptadas, especialmente en el ámbito policial y judicial. Sin embargo, advierte de que cada nuevo caso sigue evidenciando un problema estructural. “Es un fracaso social”, viene a resumir, incluso en escenarios en los que los datos globales muestran una ligera mejoría.