Los responsables del error en la preparación de un fármaco que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos, y tres más afectados, en el hospital de Burgos, que asume como propio lo que ha calificado de "fallo humano", podrían enfrentarse a un delito de homicidio por imprudencia, ha indicado a EFE la asesoría jurídica del Defensor del Paciente en Castilla y León.
El abogado Santiago Díez ha explicado que una de las familias afectadas se ha puesto en contacto con el Defensor del Paciente, aunque solo para asesoramiento e información sin que haya denuncia de por medio, pero ha asegurado que ante lo ocurrido en el hospital de Burgos se puede interponer denuncia penal.
"Creo que se puede calificar de imprudencia grave o muy grave en el ámbito profesional", ha apuntado, de modo que en el caso de los dos pacientes fallecidos se estaría ante un homicidio por imprudencia, además de haber delitos por lesiones graves o muy graves, en relación a los otros tres pacientes afectados.
Ha insistido en que, pese a que el hospital afirme que asumen como propio el error, "alguien se ha equivocado", y esa persona o personas tienen que responder penalmente de lo ocurrido, además de que "la prudencia indica que al menos no puedan volver a dedicarse" a su profesión.
La Fiscalía de Burgos ha abierto diligencias de investigación preprocesales, y si encuentra indicios de delito lo pondrá en manos de un juez, ha indicado el abogado, pero acabará igualmente ahí si existe denuncia por parte de los afectados, y el proceso penal es independiente del civil.
"En el pleito penal se va contra las personas físicas. El Sacyl no delinque en su conjunto, en un pleito penal es responsable civil subsidiario", ha insistido, y el hecho de que la Junta de Castilla y León vaya a asumir, de oficio, las indemnizaciones a los afectados entra en la responsabilidad civil pero no anula la penal.
Sobre las indemnizaciones considera "absolutamente precipitado" hablar de cuantías pues cada familia y cada afectado tiene unas circunstancias que son las que determinan la indemnización, y recuerda que las abonará la compañía de seguros de Sacyl, ya que los profesionales tienen cobertura de responsabilidad civil.
Las familias buscan apoyo
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha vuelto a criticar en declaraciones a EFE que parezca que la Junta pretenda solucionar lo ocurrido a través de indemnizaciones, "cuando el Código Penal es muy claro", y ha insistido en que han intentado ocultarlo, pues el error ocurrió el 18 de diciembre.
Flores ha explicado que una familia se ha puesto en contacto con ellos, para asesorarse, y que quieren recabar su testimonio para llevarlo ante la Fiscalía, para que tenga la información de primera mano sobre cómo se ha gestionado el caso con los afectados, que no habrían sabido hasta ahora que eran cinco los pacientes afectados, según la información de la que dispone el Defensor del Paciente.
A la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos (AECC), que desde el primer momento puso a disposición de familias y afectados todos sus servicios -incluidos los jurídicos-, también ha acudido un afectado, según ha confirmado a EFE su presidente, Eduardo González.
Y otros usuarios, pacientes y familias, ajenas a lo ocurrido, se han acercado igualmente preocupados por la situación, aunque el mensaje que les han dado en la AECC es de tranquilidad: al año se ponen unas 3.000 sesiones de quimioterapia y este error ha sido puntual, así se lo han asegurado también en el hospital.