¿Son fiables las pulseras telemáticas antimaltrato?

Las pulseras telemáticas se han convertido en una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista. Se implantaron en 2009 para reforzar las órdenes de alejamiento y garantizar una respuesta inmediata en caso de riesgo. Actualmente, hay más de 4.500 activas en todo el Estado. Sin embargo, un informe reciente de la Fiscalía General del Estado ha encendido las alarmas sobre su funcionamiento.

En marzo de 2024, se hizo un cambio en el sistema que pasó a estar gestionado por Vodafone y Securitas, en lugar de Telefónica. Este cambio originó una incidencia temporal que impidió a policía y jueces acceder a los datos de ubicación de los agresores, lo que provocó el sobreseimiento temporal de algunos casos.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad señalan que el problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales, pero que los dispositivos funcionaron perfectamente, por lo que las víctimas nunca han estado desprotegidas.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, señaló el pasado jueves en el Congreso que las incidencias detectadas no han puesto en riesgo a las víctimas: “La protección de las mujeres no se han interrumpido”. Vodafone, por su parte, asegura que los problemas iniciales ya han sido subsanados y que la prioridad es “reforzar la seguridad de las víctimas con la máxima fiabilidad técnica”.

A pesar de las explicaciones, surgen varias dudas al respecto: ¿Hasta qué punto son eficaces las pulseras telemáticas antimaltrato? ¿Cómo funcionan en la práctica estos dispositivos?

Funcionamiento del sistema

Cuando un juez lo ordena, se instala un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance en la muñeca o el tobillo del agresor que tiene orden de alejamiento. A la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que alertará cuando el agresor se acerca a ella a pesar de tenerlo prohibido.

Inicialmente, estas pulseras se instalaban para proteger a víctimas de violencia de género, pero gracias a la ley del sólo sí es sí también se pude utilizar para controlar la localización de agresores sexuales.

Ya no funcionan solo por parejas (un agresor, una víctima), sino que la pulsera de un investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas y también una víctima puede estar protegida frente a varios agresores. Las pulseras de geolocalización tienen una correa que detecta roturas y manipulaciones, una vida útil de 12 meses y se puede cargar de forma sencilla.

La víctima puede recibir notificaciones en su teléfono y hacer videollamadas, enviar imágenes y enviar un mensaje de alerta al Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA). Si el agresor se acerca a la zona de exclusión fija (a la que no puede ir por orden judicial), la pulsera sufre daños o pierde la cobertura, el sistema lanza una alerta al centro de control y este activa el protocolo de actuación: hablando con la víctima, llamando al agresor, y contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Voz de alarma

Las criticas por lo ocurrido no se han hecho esperar. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), estas pulseras fallaron “durante cuatro meses”, afectando a la protección de las víctimas, motivo por el que ha reclamado “más medios, formación y efectivos” contra este tipo de delitos.

Desde el sindicato denuncian que “el Ministerio de Igualdad llevó a cabo la licitación del nuevo sistema sin prever mecanismos de auditoría ni continuidad en un servicio tan sensible, provocando un grave fallo de seguridad” y lamentan que esta situación “dejó en riesgo a numerosas víctimas y dificultó el trabajo” de los agentes de este cuerpo “al impedir que los atestados contaran con las pruebas que habitualmente aportan estos sistemas”.

No han sido los únicos denunciar los fallos del sistema. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras —fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería— en dos oficios enviados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género el 8 enero y el 21 de febrero de este año.

En marzo, las Audiencias provinciales ya advirtieron sobre posibles “fallos técnicos” en estos dispositivos, que podían provocar “localizaciones incorrectas o incluso manipulaciones por parte de los investigados”. Los presidentes de dichas Audiencias reclamaron que se corrigieran estas disfunciones para garantizar la protección de las víctimas y propusieron reforzar el equipo de técnicos del centro Cometa (Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento), debido a los retrasos que se producían al instalar las pulseras tras la emisión de la resolución judicial.

El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su preocupación por la situación generada y ha pedido que se corrijan “cuanto antes” los fallos para “evitar los riesgos para las víctimas”.

Preocupación en Euskal Herria

Según el Gobierno vasco no hay constancia de que se ha producido "ninguna situación grave" en la CAV por fallos en las pulseras, y todas las incidencias por mal funcionamiento de estos dispositivos se han trasladado al Ministerio de Igualdad. Desde el ejecutivo señalan quelo que les preocupa es que "las mujeres que las llevan se sientan inseguras" y, esta situación, "repercuta en esa ansiedad que tienen cuando no se sienten protegidas".

Desde Emakunde también han expresado su preocupación por los fallos detectados y piden que se aclare lo ocurrido. “Lo que más nos importa es que esto no vuelva a ocurrir y que las víctimas se sientan seguras”, señalan y recuerdan que, en la CAV existen otros recursos de protección como la escolta permanente o puntual, el servicio de contravigilancia y distintos medios tecnológicos, en función del nivel de riesgo de cada caso.

Desde el movimiento feminista también han querido alzar la voz. Teresa Sáez, portavoz de Lunes Lilas, ha criticado la utilización política de este asunto, que a su juicio genera más inseguridad y pide que se aborde de manera eficaz el problema: “Hay que ver qué ha fallado y por qué para tratar de que no vuelva a ocurrir, aunque hay que ser consciente de que ningún sistema es infalible”.

Para Sáez la protección de las víctimas es primordial: “Es terrible que se juegue con la vida y los sentimientos de mujeres maltratadas. Este servicio no pueden estar privatizado ni entregarse al mejor postor. La protección de las mujeres debe ser un servicio público, con personal especializado y tecnología de calidad”. La portavoz de Lunes Lilas ha cargado duramente contra quienes niegan la existencia de la violencia machista ya que, a su juicio, hacen un flaco favor a la sociedad: “Están generando dudas en las mujeres y haciendo que se tarde más en denunciar, echando por tierra todos los avances conseguidos en este sentido”.

Desde la Asociación Clara Campoamor, su presidente, José Miguel Fernández López de Uralde, cuestiona el sistema de pulseras. “Tal y como están configuradas son negativas porque no aportan tranquilidad a las mujeres al tener que estar pendientes de un aparato. Algunas de ellas han optado por quitárselas para poder vivir”, manifiesta. 

López de Uralde apuesta por adoptar medidas más eficaces: “Sería más práctico un sistema de geolocalización permanente del agresor, con zonas de exclusión definidas que, al ser vulneradas, activaran una alerta sin necesidad de que la víctima esté controlada”. Además, pide no desviar el foco del debate: “Lo menos importante es si un dispositivo funciona bien o mal; lo verdaderamente relevante es que el número de víctimas de violencia machista sigue aumentando”. Y añade que hace falta “más educación y más sensibilización porque solo con prevención conseguiremos acabar con la violencia de género”.

El Ministerio de Igualdad ha anunciado que licitará un nuevo contrato para la gestión de estos dispositivos a partir de mayo de 2026, con mejoras técnicas y una plataforma con acceso permanente a los datos.