Mónica García reconoce que el Estatuto Marco debe recoger las particularidades de los médicos
La ministra enfatiza que trabaja por un cambio en las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, "y también de los médicos"
La Ministra de Sanidad, Mónica García, no considera necesario el desarrollo de un Estatuto Marco específico para la profesión médica, sin embargo admite que dentro de este régimen jurídico debe haber un "capítulo dedicado a las particularidades" de los médicos, pero sin "diferenciar, segregar o atomizar" en el texto al resto de los profesionales.
"No solamente soy la ministra de los médicos. Soy la ministra de los enfermeros, de los auxiliares, de los investigadores, de los celadores y, además, soy la ministra que tiene que velar por el Sistema Nacional de Salud", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, donde se ha referido a la manifestación este jueves de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad para mostrar su disconformidad con el borrador y pedir un texto específico de la profesión.
Médicos de todo el Estado se movilizan contra el borrador del Estatuto Marco
"En este Estatuto Marco se hace una diferenciación por categorías, y en la categoría más alta más alta, en el nivel 8, están los médicos; y por debajo están todas las demás categorías categorías", ha recordado, al tiempo que ha hecho énfasis en que se trabaja por un cambio en las condiciones laborales de todos los profesionales, "y también de los médicos". "Estamos trabajando va a cambiar la manera de trabajar en nuestro SNS", ha advertido.
Entre las numerosas reclamaciones de los médicos destacan una nueva reclasificación profesional acorde con su formación y con vinculación retributiva; mejoras en el sistema de jubilación; protección ante las incompatibilidades; una reducción de la jornada laboral; medidas para proteger la salud laboral de los médicos; garantizar la conciliación de la vida laboral y personal; garantizar que los salarios permitan la exclusividad laboral en el SNS para evitar una fuga de personal a la sanidad privada; la reducción de las horas de guardias, sin merma retributiva o la igualdad salarial en el conjunto de las comunidades autónomas, entre otras.
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