El PP y Vox, actual formación del gobierno de Valencia, han eliminado el ordenamiento jurídico que dejaba exentos del pago de tarifas portuarias a embarcaciones de ayuda humanitaria y Cruz Roja.
La flota civil de rescate ha subrayado que una de las principales reclamación de Vox era expulsar los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos, siendo una de las primeras acciones que ha modificado tras formar gobierno con el PP.
Sin embargo, el Aita Mari no sólo tendrá que comenzar a pagar las tasas, sino que pretenden aplicarla con efecto retroactivo realizando una liquidación de tasas desde 2021, es decir, que tendrán que pagar el importe correspondiente desde 2021 hasta 2024. Esta cantidad alcanza los 63.000 euros, sin recargos, sólo para el buque.
La flota ha transmitido su desaprobación en un comunicado asegurando que tales decisiones "van a dificultar mucho las próximas misiones", la primera de ellas prevista para octubre.
Burriana y Vinaròs
El Aita Mari ha atracado en los puertos de Burriana y Vinaròs en numerosas ocasiones, permitiendo a sus tripulantes descansar y realizar labores de mantenimiento de la embarcación para operar de manera óptima. Esto se debía gracias al artículo 4.2 de la Ley 1/1999 de la Generalitat sobre Tarifas Portuarias donde quedaban exentos de pago "el material y las embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a labores propias que tiene encomendadas esta institución" y otras entidades de carácter humanitario, legalmente constituidas y sin fines lucrativos, que por necesidades de funcionamiento necesitasen situarse en el dominio público portuario.
De esta manera, denuncian la "agenda racista y xenófoba de la extrema derecha", donde "todo vale para conseguir sus fines" y son ellos quienes deciden "qué ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar".
Expediente en 2023
En 2023 la tripulación del buque, perteneciente a la ONG Asociación Salvamento Marítimo, tuvo que presentar alegaciones contra una propuesta de sanción por siete infracciones de leyes marinas que rozaban el millón de euros.
La Capitanía Marítima de Valencia abrió un expediente sancionador contra la ONG en 2023 debido a una de las misiones que realizó la flota en el año 2020, donde fue objeto de control por parte de las autoridades portuarias de Palermo (Sicilia). Se le aplicó un procedimiento de inspección basado en el Memorando de París, un sistema de control portuario armonizado entre diferentes estados, detectando 26 deficiencias, 15 de ellas graves.
