El Gobierno vasco va a recurrir ante la Justicia la orden del Ministerio de Sanidad de imponer desde este miércoles el uso de la mascarilla en los centros de salud, aunque la hará cumplir mientras esté vigente.
El Ministerio de Sanidad ha notificado a las comunidades la orden por la que deben imponer desde hoy el uso de la mascarilla en sus centros de salud hasta que baje la incidencia de los virus respiratorios, medida que podrán levantar cuando encadenen dos semanas consecutivas de descenso.
El Gobierno vasco ha decidido recurrir judicialmente esta medida porque considera que el Ministerio no ha presentado argumentos que avalen su decisión ni ha cumplido con las previsiones legales exigibles en la adopción de esta medida "absolutamente excepcional".
A juicio del Ejecutivo de Vitoria, la medida vulnera la legalidad e invade competencias de las comunidades autónomas. "El Ministerio de Sanidad está utilizando un recurso legal absolutamente extraordinario, sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las comunidades autónomas, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública", señala en un comunicado.
Entiende el Gobierno vasco que el Ministerio de Sanidad ha sentado un precedente "gravísimo en la relación política y administrativa que ha de mantener con las comunidades autónomas y sus departamentos de salud".
Ha recordado que el Gobierno central tiene reconocidas competencias en materia de salud, pero son las comunidades las que asumen la responsabilidad de la gestión y la atención sanitarias.
Por ello considera "incomprensible que el Ministerio, sin causa que lo justifique, sin acogerse al cumplimiento de la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso que han trasladado algunas comunidades, entre ellas Euskadi, y haya el elegido la confrontación como forma de relacionarse" con ellas.
Ha insistido en que para la adopción de esta medida no ha habido un acuerdo previo del Consejo Interterritorial, no se ha dado audiencia a las comunidades autónomas y no ha justificado la urgente necesidad de la medida por que haya una situación de especial riesgo para la salud pública o que la medida, circunscrita a los centros de salud sea realmente efectiva para atajar el pico de la ola de gripe.
