El número de personas sin hogar que se encuentran en las calles de Euskadi pasó de las 430 que había en 2018 a las 658 en 2022, de las que 507 se encontraban en las tres capitales.
Además, entre esos años se produjo también un incremento de las personas que utilizan recursos de alojamientos sociales, que pasaron de acoger 1.253 a 1.991.
Estos datos se recogen en el VI estudio de recuento de personas en situación de exclusión residencial en Euskadi que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha presentado este miércoles en unas jornadas sobre este tema organizadas en Gasteiz por el Gobierno vasco y los ayuntamientos de las tres capitales vascas.
En estas jornadas la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha dado a conocer algunos de los contenidos recogidos en el borrador de la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial para el período 2023-2028 cuyo objetivo es la implementación de medidas para avanzar hacia la "plena inclusión" de estas personas.
Crecen los extranjeros y los jóvenes sin techo
Del estudio se desprende que entre las personas sin techo se produce un aumento del peso relativo de las de origen extranjero. Si en 2016 eran el 63 % del total, en 2022 suponían el 78 %.
También hubo entre esos años un aumento de los jóvenes menores de 30 años que viven en las calles, que han pasado del 25 % al 35 % del total en las capitales.
El informe destaca que de las personas en situación de exclusión residencial un tercio lleva sin hogar más de cuatro años, un 20 % ha estado en centros de acogida de menores en situación de desprotección y el 75 % desearía vivir en el mismo municipio.
Además, el 70 % ha dormido alguna vez en la calle y el 20 % ha sufrido agresiones físicas, mientras que el 85 % mantiene alguna relación con su familia.
Un 20 % de estas personas realiza alguna actividad o trabajo que le reporta algún ingreso económico y el 70 % aspira a vivir en un piso de forma independiente.
El estudio también indica que dos de cada tres consideran que los servicios sociales les han ayudado bastante o mucho, que el 45 % tiene un problema de salud grave o crónico, que el 20 % de ellos no recibe tratamiento médico y que los trastornos mentales afectan al 18 %.
Se reforzarán las medidas para evitar desahucios
La consejera Melgosa ha detallado en las jornadas que la nueva estrategia contra la exclusión residencial fortalecerá el derecho de las personas sin hogar a la vivienda "reforzando las medidas para evitar los desahucios y ofreciendo a las personas y familias que han perdido su vivienda una alternativa habitacional adaptada a sus necesidades".
Ha avanzado que el borrador del documento establece 19 medidas para prevenir y reducir la exclusión residencial "fomentando el derecho de las personas a la vivienda, al empleo, a la garantía de ingresos, a la salud y a los Servicios Sociales, mejorando la calidad de los recursos de atención y promoviendo la cooperación entre diferentes entidades y sistemas".
"Las nuevas medidas van encaminadas a ayudar a los jóvenes sin referentes familiares en su tránsito a la vida adulta, acompañando a aquellas personas jóvenes dadas de alta en centros residenciales y de internamiento", ha señalado.
El documento recoge la importancia de sensibilizar al conjunto de la población sobre el fenómeno de la exclusión residencial transformando la percepción social sobre las personas sin hogar.
Melgosa ha puesto en valor que Euskadi cuenta con la tasa de cobertura a este colectivo "más alta del Estado" ya que se dedican más de 30 euros de inversión del gasto público por habitante a estas acciones "frente a los 7 euros" del resto de España.
Las mujeres, más vulnerables a la exclusión
Uno de los apartados del borrador de la estrategia recoge el compromiso de crear recursos especializados para "uso exclusivo" de mujeres ya que son "más vulnerables" a la exclusión residencial por situaciones derivadas de las desigualdades sociales de género, la discriminación laboral y la falta de autonomía económica, ha asegurado la consejera.
Según los datos ofrecidos por el Departamento, los servicios de intervención dirigidos a estos colectivos atendieron en 2019 a 10.167 usuarios y se prevé que en 2025 sean 11.060 y en 2030 12.175.
Se estima que las plazas de acogida nocturna pasen en esos años de las 621 a las 772, los pisos de urgencia social de 454 a 572 y las plazas en residencias destinadas a este fin de 737 a 934.
