Los jueces abrieron juicio o procesaron por corrupción a 164 personas en el Estado, 109 menos que en 2021, además de 36 personas jurídicas en 38 procedimientos por estos delitos.

Se trata del dato más bajo de los últimos cinco años, después de los 205 de 2018, los 254 de 2019, los 212 de 2020 y los 273 de 2021.

En 2022, los jueces concluyeron 38 procedimientos por corrupción, en los que abrieron juicio oral o procesaron a 164 personas físicas y 36 personas jurídicas.

Además, dictaron 61 sentencias en todo el territorio estatal, según el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción.

Delitos

Recoge información de la denominada corrupción pública, de modo que los procedimientos judiciales que refleja tienen como sujetos activos a funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y se refieren a la afectación de dinero público, abarcando tanto la corrupción administrativa como política.

Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

Además, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De los 38 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2022, 16 corresponden a Andalucía, seis a la Comunidad Valenciana, otros seis a Madrid, tres a Murcia, dos a Catalunya y uno a Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia además de otro a la Audiencia Nacional.

En cuanto a las 200 personas procesadas (incluyendo las físicas y las jurídicas) 93 lo fueron en Andalucía, 45 en la Comunidad Valenciana, 18 en Madrid, 13 en la Audiencia Nacional, 10 en Cataluña, siete en Murcia, cinco en Extremadura, cuatro en Galicia y Aragón y una en Asturias.

45 condenas

De las 61 sentencias dictadas en procedimientos de corrupción 45 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8%.