El Ararteko ha advertido de la necesidad de "seguir avanzando" en una atención social y sanitaria "adecuada" para las personas con discapacidad, problemas de salud mental y en riesgo o situación de exclusión social. Además, en una actuación ya concluida, pide evitar que estas personas "se queden sin una atención social y sanitaria" que origine "un agravamiento de su situación".
En un comunicado, el Defensor del Pueblo Vasco ha explicado que un ciudadano planteó al Ararteko "los diversos problemas vinculados a la atención social y comunitaria" que afectan a las personas con enfermedad mental en Bizkaia.
En su exposición, aseguraba que existía "un retraso" en la valoración y en la adjudicación de los recursos acordados en el plan individual de atención, lo que "afectaba tanto al servicio foral de dependencia, del que derivan los servicios para personas con discapacidad, como al de inclusión, ambos integrantes del Sistema Vasco de Servicios Sociales".
En su opinión, esta circunstancia conllevaba que la estancia en los hospitales se prolongara "de manera innecesaria, con independencia de las necesidades derivadas de la sintomatología psicopatológica".
Además, añadía que "la ausencia de plazas suficientes" en centros residenciales suponía "la incorporación a una lista de espera que puede demorarse años, una situación que "no favorece la evolución de su salud mental ni de su proceso de inclusión social".
También hacía referencia a las necesidades de interacción social para alcanzar una autonomía, de las personas con enfermedad mental, y a las dificultades para la obtención de ingresos propios.
Petición de información
El Ararteko pidió información al Departamento de Acción Social y al Departamento de Empleo, Inserción Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, por ser competentes en la valoración de la dependencia y la discapacidad y de la exclusión, respectivamente, y en la asignación de plazas en recursos residenciales.
También solicitó la colaboración del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco respecto a "las dificultades para el acceso" a prestaciones económicas de renta de garantía de ingresos (RGI) y prestación complementaria de vivienda (PCV) por parte de las personas a las que se les han extinguido las prestaciones.
Ambos Departamentos han hecho llegar al Ararteko "una información exhaustiva" que, tras analizarla, la ha llevado a concluir que existe una "necesidad de seguir avanzando en una atención social y sanitaria adecuada y diversa según las necesidades que presentan las personas con discapacidad, problemas de salud mental y en riesgo o situación de exclusión social".
Además, ha instado a evitar que las personas con problemas de salud mental y con dificultades para la interacción social y trastornos de conducta "se queden sin atención social y sanitaria" y ello origine "un agravamiento de su situación de exclusión social y de su salud física y mental".
