“Ofrecer a las mujeres que van a abortar escuchar el latido es una forma de coaccionarlas”

Por eso, insiste en que la propuesta de Vox en Castilla y León de escuchar el latido del feto, o incluso hacer una ecografía 4D solo sirve para intentar hacer sentir mal a las mujeres. Y es que asegura que todas las que interrumpen el embarazo lo hacen plenamente conscientes, y con las ideas claras, y la peor parte es, sin duda, el proceso.

Como expone, “te infantilizan, pero lo peor es sentirte cuestionada por algo que es legal. Tuve que pasar por una turba de manifestantes… es tu derecho y, sin embargo, otros están opinando sobre tu cuerpo y tu decisión”, defiende.

Precisamente para evitar un procedimiento con trabas, la Ley del aborto eliminará los tres días de reflexión obligatoria y fomentará que ninguna mujer tenga que desplazarse para interrumpir el embarazo, entre otras medidas. 

Una norma aprobada ya en el Congreso y que deberá ser ratificada en el Senado, y que tan solo contará con la oposición de PP y Vox. Formaciones que precisamente en las últimas semanas han mostrado la intención de dar pasos atrás en el derecho de las mujeres. En Castilla y León, Vox barajaba imponer la propuesta a mujeres que quieren abortar de escuchar el latido, e Isabel Díaz Ayuso mostraba su intención de ofrecer un teléfono para las mujeres embarazadas “porque se les hurta información acerca de las consecuencias del aborto”.

Así las cosas, Naroa Iturri, de la clínica Askabide de Donostia, centro donde se practican abortos con el apoyo económico de Osakidetza, insiste en que medidas como la propuesta en Castilla y León no tienen ningún sentido: “Es una forma de coaccionar a las mujeres. Es una manera burda de la ultraderecha de hacer publicidad de sus miserias. No hablan de que en su Comunidad están fatal y no tienen casi ni atención primaria”.

Asimismo, defiende que “a las mujeres nos cosifican, nos infantilizan e inutilizan. Tenemos toda la conciencia del mundo sin que vengan a decirnos cómo y qué. No necesitamos que nadie nos ayude”.

Por otro lado, insiste en que aún hoy en día hay un gran desconocimiento acerca de este derecho de las mujeres. Y el motivo es claro: “Hay un estigma terrible, no está para nada normalizado. La mayoría no lo cuentan, y a veces a su pareja solo”. Señala que “hay mucha culpa aún y hay mucha gente que no sabe ni que es legal, y mucho menos que está cubierto por el Gobierno. Hay una desinformación enorme y sobre todo es porque esta estigmatizado”.

Por eso, insiste en explicar que es un procedimiento que se puede realizar hasta las 14 semanas y seis días: “Todas las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo en la clínica concertada, ya que en la pública no se hacen”. Se puede elegir además el método “que ellas quieran”. Todo de manera gratuita.

Para ello, el protocolo es muy sencillo, según explica Iturri. Hay que llamar al ambulatorio, pedir cita con la matrona explicando que quiere interrumpir el embarazo, las matronas les dan cita en uno o tres días, le dan un sobre con información y con eso tienen que ir a la clínica que decidan.

Asimismo, expone que no hay un perfil definido de mujeres que aborten, pero normalmente se suele interrumpir el embarazo entre la semana 5 y la 7. Sin embargo, también las hay que abortan a las 14 semanas. “Hay algunas que esperan porque tiene dudas, pero muchas otras para cuando se dan cuenta están en la semana 11,12...”.

Iturri asegura por otro lado que “si cualquier mujer pidiera una ecografía para escuchar el latido o que le enseñemos una foto no tendríamos problemas, porque es su derecho. Alguna vez nos lo han pedido, pero no tiene sentido lo que propone Vox”.

De hecho, denuncia que llevan años pidiendo aumentar la cifra de ecografías, algo que se ha rechazado reiteradamente. Y es que las mujeres que siguen con el embarazo solo pueden tener tres ecografías a lo largo de los 9 meses. En la semana 12, 20 y en la 32. Y, expone, “llevamos históricamente pidiendo que haya más y se dice que no. ¿Pero a mujeres que no quieren hacérsela porque quiere abortar sí se les hace?”, critica Iturri.

Protestas

La clínica Askabide fue foco de acoso de antiabortistas hasta que la ley aprobada por el Congreso español puso coto a las concentraciones. Sin embargo, según Iturri, “aún seguimos en un proceso judicial, pero nos aceptaron medida cautelares, les prohibieron acercarse a menos de 100 metros, pero solo a esas personas identificadas, no a todo el mundo”. Por eso, a día de hoy cuando se concentran a las puertas tienen que llamar a la Ertzaintza, denunciarlas… Y es que “la ley tiene muchísimas lagunas”, critica.

El acoso al que son sometidas las mujeres que acuden a abortar es según la profesional, “terrible”, ya que aunque van con las ideas claras “no es el gusto de nadie”, ya que “te dicen rezaremos por ti y tu bebé, y cosas así duelen, porque te culpabilizan y te coaccionan”. 

“Hay a mujeres que las hace sentir mal, y a otras les enrabieta que estén fuera que diciéndoles que están por encima del bien y del mal”. De hecho, critica la doble moral de algunas de ellas. Ya que han tenido casos de personas que se ponen fuera “y luego acuden a nuestra clínica. Vienen diciendo he estado en las concentraciones, pero es que mi hija de 19 años se ha quedado embarazada y no puede tener un hijo porque tienen un futuro muy prometedor. Y dices, claro las otras no pero tus hijas si”, denuncia Iturri.

86% en la privada

La nueva ley del aborto, que será aprobada en las próximas semanas, blinda la sanidad pública como centro de referencia a la hora de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.

Con la polémica de fondo del nuevo protocolo para frenar los abortos en Castilla y León, la nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que persigue ampliar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, prosigue su tramitación parlamentaria a la espera de ser aprobada en el Senado.

Una de las mayores novedades es priorizar la realización del aborto en la Sanidad Pública, algo que contrarresta con la situación actual. El último informe publicado por Sanidad en 2021 señala que menos del 16 % de los abortos se realizaron en centros públicos el pasado año.

Así las cosas, como zanja Fernández: “El aborto ya no es un debate, es legal, lo que hace falta son medidas para proteger a las mujeres”.