La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha adelantado que el expediente electrónico judicial estará totalmente implantado en la administración de justicia vasca en marzo de 2023, una vez que ya está operativo en toda la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de lo Social.
Artolazabal ha dado a conocer en comisión parlamentaria los detalles del Plan Estratégico de Justicia 2022-2028, dentro del cual el expediente judicial electrónico se presenta como una de "las piedras angulares para el buen funcionamiento presente y futuro de la justicia vasca".
En este sentido, ha subrayado "con orgullo" que este nuevo sistema, que permite que los trámites judiciales puedan llevarse a cabo de manera digital, está operativo ya en toda la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de lo Social y que ha llegado a los órdenes Civil y Penal de los juzgados de Gasteiz, Amurrio, Azpeitia, Eibar, Bergara, Irun y Tolosa.
"Estamos cumpliendo con los plazos previstos y esperamos que esta implantación tan ambiciosa y compleja esté completada en marzo de 2023", ha asegurado Artolazabal.
La consejera ha hecho hincapié en la importancia del plan estratégico y ha recordado que para su elaboración ha contado con un amplio consenso entre jueces, fiscales y abogados, que ha dado como resultado la "hoja de ruta" del Departamento para los próximos siete años.
INVERSIÓN DE 1.500 MILLONES
Contará con una inversión superior a 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales con el objetivo de transformar y mejorar la gestión y la prestación de este servicio público en el País Vasco.
La titular de Justicia ha señalado que una de sus principales metas es que la justicia sea "cercana" y que pueda ser reconocida como un "servicio necesario" para la sociedad. Además, ha insistido en que pone el foco en las personas más vulnerables para que el sistema judicial "refuerce su atención a las víctimas".
"Pretendemos que el principio de igualdad ante la ley sea una realidad, eliminando posibles desigualdades", ha indicado la consejera, que ha explicado que para ello se llevarán a cabo programas específicos de apoyo a colectivos más vulnerables como las víctimas de violencia de género, los menores y los migrantes.
En cuanto al Plan de Sedes Judiciales, Artolazabal se ha referido al conocido como edificio Mapfre de Bilbao y ha dicho que a finales de este año se entregará el proyecto de obras con la idea de que los trabajos se liciten y se adjudiquen en 2023 y el inmueble pueda ocuparse a finales de 2025.
"Trabajamos para conseguir edificios más seguros, accesibles, sostenibles, funcionales y confortables", ha informado.
El resto de líneas del plan estratégico se centran en asuntos como la formación; la calidad y la eficiencia; la consecución de una Justicia más comprensible, rápida y predecible; la resolución de conflictos a través de la justicia restaurativa y la innovación en el proceso judicial.
EUSKERA Y PERSONAL DE JUSTICIA
Desde los grupos de oposición, Eraitz Sáez de Eguilaz (EH Bildu) ha advertido de que una de las "debilidades" más importantes del documento es el euskera y la dificultad para comunicarse con la administración de justicia y dentro de esta en dicha lengua.
Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) ha reconocido que se trata de un plan "ambicioso" y entre las principales preocupaciones de su coalición ha citado "la saturación y las condiciones laborales" de los trabajadores de justicia y las "barreras lingüísticas" de la población de origen extranjero en su relación con la justicia.
Carmelo Barrio (PP+Cs) ha reivindicado también la mejora en las condiciones del personal judicial y ha colocado en el centro de los problemas del sistema "las infraestructuras y la digitalización". "Vamos muy despacio" en estos ámbitos, ha asegurado.
Por último, Amaia Martínez (Vox) ha planteado que 1.500 millones "son muchos millones como para que el Gobierno vasco vaya construyendo su propio sistema judicial para salvaguardar sus intereses partidistas".
