El Gobierno vasco ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que declara nulo el cierre de la hostelería por covid en enero de 2021 al considerar que "adolece de gran incongruencia" y ha precisado, en relación a posibles peticiones de indemnización de hosteleros afectados, que la resolución para nada habla de responsabilidades patrimoniales, que es un tema bien diferente".
El Ejecutivo anunció este fin de semana su intención de interponer recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaraba nulo el cierre de la hostelería por covid en enero de 2021, tras estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por las asociaciones de hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal de este martes, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha precisado que los servicios jurídicos han propuesto acudir al Supremo al entender que "la sentencia adolece de una gran incongruencia" porque se establece que "parece motivado que, por razón epidemiológica, se adopten esas medidas (de cierre de hostelería durante un periodo de tiempo y con unas características determinadas) y, por otra parte, señala que se hubiera requerido de un análisis más especifico sobre su idoneidad y proporcionalidad".
"Por un lado está diciendo que son medidas motivadas y que atienden a la situación epidemiológica y, por otra parte, que se hubiera requerido de un análisis más pormenorizado y específico de idoneidad y proporcionalidad", ha insistido.
Preguntada si se han recibido peticiones de indemnización de hosteleros afectados, ha señalado que se trata de una "sentencia en torno a una nulidad de los preceptos de un Decreto pero para nada habla de responsabilidades patrimoniales, que es un tema bien diferente".
El Gobierno vasco no recurrió sentencias anteriores del TSJPV
Por otra parte, Garamendi ha explicado que el Ejecutivo ha decidido recurrir ahora la sentencia, al contrario de lo que hizo con resoluciones anteriores, porque "la realidad ahora es diferente".
En este sentido, ha apuntado que el Gobierno siempre ha mantenido la posición de "intentar la menor judicialización de todos los aspectos y regulaciones" relacionadas con la covid "en aras a una mayor seguridad e intentar no confundir" a los ciudadanos en los "peores momentos" de la pandemia, pero ahora, aunque la covid "sigue ahí", la situación epidemiológica es "diferente".
